La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que abrió carpetas de investigación en contra de Adrián de la Garza Santos, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Nuevo León, y de Samuel García Sepúlveda, aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de ese mismo estado.
En un comunicado, la FGR informó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) dio respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, y menciona que el artículo 19 de la Constitución Mexicana ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales.
Dicha sanción se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el caso de Adrián de la Garza Santos, la FGR explica que en la carpeta de investigación se le señala por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de la denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero una vez que el candidato priista gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León, lo que significa la compra y coacción del voto.
Las reformas legales actualmente vigentes, apunta, se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo que ya se ha analizado como antecedente de estas conductas delictivas en la indagatoria correspondiente.
De igual manera, el comunicado indica que, de acuerdo con la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado –la FGR menciona cuales–, este caso se judicializará en breve ante la autoridad correspondiente.
Por otra parte, asegura que se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contra de Samuel García Sepúlveda, candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León, así como de su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; y el padre de ella, Gerardo Rodríguez Valdez.
El señalamiento en su contra es por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados en forma ilegal para fines electorales.
Todo lo cual se investiga en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas para obtener a la brevedad posible la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas por la propia autoridad hacendaria.
