Ochenta y siete años tardó el PAN en ser gobierno en Tamaulipas y solo en seis
podría perderlo. No tanto por anodino, incapaz o por acosar a medios de
comunicación críticos como El Mañana, sino por haberse echado en brazos del
flagelo que denunció por décadas —la corrupción— con ansias de recuperar el
tiempo perdido. El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue
atrapado en su propio estercolero, mientras en la Cámara de Diputados avanza el
proceso para retirarle la inmunidad y someterlo a juicio. La suerte está echada.
«El “caso Cabeza de Vaca” amenaza con abrir las primeras grietas en el bloque
opositor. La investigación por corrupción y delincuencia organizada contra el
gobernador panista de Tamaulipas ilustra los precarios equilibrios de la alianza Va
por México» (El País, 09.03.21). Los tumbos de la coalición reducen las
posibilidades del PRI, PAN y PRD para la elección del 6 de junio, la de mayor
cobertura y complejidad. La alianza Juntos Haremos Historia, integrada por
Morena, PT y Partido Verde, tampoco navega a velamen desplegado, pero su
posición en las encuestas le augura mejores resultados.
El patrimonio de Cabeza de Vaca —entre ranchos, empresas, cuentas bancarias y
propiedades en Reynosa y McAllen, Texas— excede en 900 millones de pesos al
declarado al inicio de su gestión, en 2016. La situación del gobernador la agrava
el hallazgo de un departamento en Bosques Santa Fe, Ciudad de México,
adquirido por más de 42 millones de pesos, pues la operación se realizó a través
de una entidad vinculada a una organización cuya actividad es el tráfico de
drogas.
Según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda, Santiago Nieto, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom)
«recibió recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de siete
entidades mercantiles relacionadas con el cartel de Sinaloa. También forman
parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas
generadas con el objeto de lavar activos para el cartel de Sinaloa y el cartel de
Colombia», reveló el funcionario en una conferencia de la sección instructora de
la Cámara de Diputados transmitida el 19 de marzo por YouTube.
Cabeza de Vaca no solo pone en aprietos a la coalición Va por México en la recta
final de las campañas, sino también al bloque de gobernadores que han plantado
cara al presidente Andrés Manuel López Obrador y han sido ignorados. El fiscal
general de la República, Alejandro Gertz, y Santiago Nieto contra las cuerdas al
tamaulipeco. En los gobiernos precedentes, la PGR y la UIF se dedicaron a cubrir
las apariencias.
El año pasado, una investigación de Aristegui Noticias,denominada Operación Hermes, reveló que poco antes de las elecciones de 2018, el entonces titular de la UIF, Orlando Suárez López, liberó alrededor de mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares a personas y empresas ligadas a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y a otras organizaciones. El ejecutivo de Tamaulipas afrontará el juicio de las urnas antes que el de los tribunales. El 6 de junio, el estado elegirá, en medio del escándalo y acaso
con un gobernador sustituto, nueve diputados federales, 36 locales y 43
ayuntamientos. Si el PAN pierde el Congreso y las alcaldías más importantes,
también podrá despedirse de la gubernatura. Cabeza de Vaca la obtuvo en
2016 al derrotar al priista Baltazar Hinojosa, apadrinado por Luis Videgaray, a
la sazón secretario de Hacienda. Pero en vista de los acontecimientos y de la
alianza PRI-PAN para sacar adelante la reforma energética de Peña Nieto, no
extrañaría que el triunfo del panista también haya sido producto de un
arreglo cupular.
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