El presidente Peña Nieto le ató las manos para investigar delitos electorales
atribuidos a Emilio Lozoya (Pemex) por el caso Odebrecht; a César Duarte,
cuando era gobernador de Chihuahua, y a otros funcionarios. Pero como no pudo
doblegarlo, al final lo despidió. Un año después, Santiago Nieto regresó a las
grandes ligas de la política para convertirse en el primer zar anticorrupción en
cumplir sus funciones. El tema lo trata el periodista Javier Mariscal en «Espacio
4» (662).
La dura embestida que la maquinaria gubernamental dio a Santiago Nieto
Castillo en el sexenio pasado, por ejercer con imparcialidad su función como
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales
(FEPADE), evidenció la manipulación de las instituciones del Estado por parte
de quienes ostentan el poder político en México.
»El conflicto partió de informes publicados por las ONG de investigación
periodística Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto
Elemento Lab, que acusaban a Emilio Lozoya Austin de triangular, en 2012,
millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht hacia la
campaña presidencial de Peña Nieto. La polémica aumentó cuando Nieto Castillo
comunicó al diario Reforma que Lozoya Austin lo había presionado para declarar
públicamente su inocencia sobre tales señalamientos.
»Tras ventilar el tema en la prensa, Nieto Castillo fue removido de su cargo el 20
de octubre de 2017. La razón oficial: transgredir lo dispuesto en el Código de
Conducta de la Procuraduría General de la República (PGR) al violar el sigilo de
carpetas de investigación y la presunción de inocencia del investigado. En su
defensa, Nieto Castillo sostuvo que su destitución constituyó una decisión
arbitraria para proteger tanto a Lozoya como la imagen del presidente Peña
Nieto. “Se me acusaba de violar el sigilo de carpetas de investigación, con lo cual
no estoy de acuerdo, porque creo que en una democracia los derechos a la
libertad de expresión y a la información pública son preferentes ante la presunta
comisión de una conducta delictiva por parte de un servidor público” (El
Financiero, 26.02.20).
»Un año después de tener que abandonar su puesto, la situación daba un giro de
180 grados. El 3 de septiembre de 2018 —día del último informe de Peña Nieto—
Santiago Nieto Castillo era anunciado por el entonces presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF
de la SHCP), cargo que ostenta hasta la fecha y desde el cual ha dado cauce a la
judicialización de, al menos, dos de las denuncias interpuestas contra Lozoya;
una, relacionada con el caso Odebrecht, y otra, con la venta fraudulenta de Agro
Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).
»En el libro Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas
políticas en México (Grijalbo, 2018), María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde
concluyen que “hay seis veces mayor flujo de efectivo en las entidades que
desarrollan un proceso electoral”. Para Nieto Castillo, eso es indicador de lavado
de dinero y corrupción política, señala en su libro Sin filias ni fobias. Memorias de
un fiscal incómodo (Grijalbo, 2019), en el cual plantea la tesis de que “la
corrupción surge de los procesos electorales, y eso nos lleva a la necesidad de
actuar para blindarlos… por eso entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmamos un convenio de colaboración
para intercambiar información”».
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