La Fiscalía General de la República (FGR) investiga gastos ilegales por más de 400 millones de pesos, realizados por el Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila, con recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin).
De acuerdo con Reforma, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR también incluye a Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga Torre, quienes se desempeñaron en la misma Secretaría como director general y director de Adquisiciones, respectivamente. El Fortafin fue creado en 2016 en sustitución del Programa de Contingencias Económicas para atender las solicitudes de los Gobiernos estatales y Municipios.
El fondo federal ejerció ese año 62 mil 258 millones de pesos, que representan el 53 por ciento del total del Ramo 23, al que pertenecía.
En un informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF señaló que el Fortafin carecía de reglas de operación y lineamientos para indicar su objetivo y los beneficiarios a los que estaba dirigido.
En 2017, Coahuila recibió mil 396.6 millones de pesos a través del Fortafin, de los cuales mil 110 millones estaban previstos para el gasto corriente y 286.6 millones al gasto de capital diferente de obra pública.
En la actualidad, Rubén Moreira es diputado federal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de las comisiones de Cultura y de Defensa Nacional, entre otras; y su esposa, Carolina Viggiano, quien fue primera dama de Coahuila y presidenta honoraria del DIF, también fue legisladora de 2015 a 2018. Ambos políticos priistas obtuvieron su curul por la vía plurinominal. Viggiano actualmente se desempeña como secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los dos políticos son cercanos al actual presidente de ese partido, exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno.
La Administración de Rubén Moreira, que gobernó Coahuila del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2017, no había sido investigada por las autoridades federales, hasta esta reciente indagatoria que se da a conocer.
No obstante, la de su predecesor, Jorge Torres López, sí, detenido por las autoridades estadounidenses en 2019 y actualmente podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel en una prisión federal, así como una multa de 500, 000 dólares al declararse culpable de lavado de dinero.
Con información de Agencia Reforma
