La necesidad de contrapesos al presidente Andrés Manuel López Obrador colocó al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en una posición de liderazgo efímero en el club que promueve una nueva coordinación fiscal entre los estados y la Federación. El guanajuatense Diego Sinhué Rodríguez (PAN) se sumó al grupo para no dejarle el campo libre al exalcalde de Guadalajara. Alfaro, quien estuvo a cinco puntos de ganar la gubernatura al priista Aristóteles Sandoval en 2012, entusiasma a los opositores de AMLO.
Desde la emergencia sanitaria por el coronavirus, los gobernadores se reúnen semanalmente en sedes rotativas. Las rondas las iniciaron los de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; después se unieron los de Colima, Durango, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, ya con una agenda más amplia y electoralista. La renovación del Congreso federal, 15 gubernaturas, 2 mil 324 ayuntamientos y 30 legislaturas locales, el año próximo, será crucial para el futuro del país, pues incidirá en la sucesión presidencial de 2024. Uno de los aspirantes es Alfaro.
Sin embargo, a varios mandatarios los alcanzó la realidad. La deriva autoritaria de Alfaro le pasó factura el 4 de junio, en la víspera de la reunión en Tequila. La protesta por el asesinato del trabajador Giovanni López, el 4 de mayo, a manos de la policía de Ixtlahuacán, municipio gobernado por el PRI, desembocó en violencia frente al Palacio de Gobierno. El cineasta Guillermo del Toro, uno de los convocantes a la marcha, publicó en Twitter: “A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido –la locura absoluta– es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”.
Alfaro quiso desviar la atención y acusó al Gobierno federal de atizar el conflicto, pero la presión social y política lo obligaron a moderar el discurso. Influidas por el asesinato de George Floyd el 25 de mayo en Mineápolis, asfixiado por un policía, las protestas por el caso Giovanni escalaron y se han convertido en bandera por los abusos de autoridad en el contexto de la pandemia. Alfaro simboliza el poder que no solo se arroga el derecho de prohibir a los ciudadanos salir de sus hogares, sino que además incita a la violencia contra ellos.
En Colima, el gobernador Ignacio Peralta, cuya primera elección, en 2015, la anuló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a la intromisión del Estado en el proceso, afrontó previamente un conflicto por el asesinato de siete policías estatales. El escándalo forzó la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel. Peralta formó parte del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, junto con Luis Videgaray y Aurelio Nuño. Después fungió como segundo de a bordo del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció en abril. La Fiscalía General de la República lo investigaba por la Estafa Maestra y otros delitos de corrupción.
Además de compartir una zona donde los cárteles de la droga tienen fuerte presencia y acaso también influencia política, los gobernadores de Jalisco y Colima podrían estar unidos por otros intereses. Peña, sus secuaces y los grupos políticos y económicos beneficiarios por sus políticas privatizadoras pretenden protegerse a toda costa y recurren al ataque como la mejor arma de defensa. Alfaro se neutralizó a sí mismo por abrir su juego futurista demasiado pronto. En Guanajuato, la violencia tiene en jaque a Diego Rodríguez.
