Como gobernador, Rubén Moreira pagó millones a empresas fantasma; ahora vota a favor de ley antifacturera

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“Voté a favor porque es una buena medida, se requiere eliminar todo ese tipo de maquinaciones fiscales, que le permitían a las grandes corporaciones evadir el pago de impuestos”, señaló.

El exgobernador de Coahuila agregó que es falso que se vaya a perjudicar a pequeños contribuyentes, porque se ha tratado de generar una psicosis, sin embargo, hay presunción de inocencia, y se busca que sean los grandes evasores, cuando hay una maquinación, los que tengan que rendir cuentas.

‘VOTO FUE A CONCIENCIA’

Con esta nueva legislación se puede evitar lo que se vio en días pasados, de que grandes cantidades de dinero les fueron devueltas a grandes corporaciones.

“Aclaro que mi voto fue en conciencia. El grupo mayoritario (Morena) no necesitaba votos de nadie para sacar el resultado, porque es una votación de mayoría simple. En mi partido, ese tipo de votaciones no son obligadas. Cada quien vota como lo desee”, señaló.

Moreira confirmó que fue el único diputado federal del PRI que votó a favor de la reforma.

“Cuando yo crea que debo tomar una decisión, así sea el único de los 500, así lo haré. Creo que la decisión de ayer ayuda a los que menos tienen en este País.

 

EL ESCANDALO DE LAS EMPRESAS FACTURERAS FANTASMA DURANTE EL GOBIERNO DE RUBEN MOREIRA: TRES AÑOS DE IMPUNIDAD

Fue hace tres años en que se descubrió que el anterior Gobierno de Coahuila, a cargo de Rubén Moreira Valdez otorgó contratos millonarios a empresas fantasma, sin logotipos, portales de internet, teléfonos de localización, con domicilios en bodegas, casas inhabilitadas, inmuebles en colonias populares, y en edificios donde son desconocidas en Saltillo, Monterrey y Saltillo, las investigaciones están detenidas y no existe un solo avance al respecto.

En septiembre del año 2016, el  diario capitalino Reforma, presento una investigación en la que muestra que el gobierno a cargo de Rubén Moreira ha pagado cientos de millones a empresas sospechosas, que no son conocidas, ya que, carecen de las características que una empresa funcional tiene.

Los contratos fueron otorgados por medio de adjudicación directa, es decir, la vía en que puede un gobierno pagar servicios sin licitación.

“Fuentes cercanas a la Secretaría de Finanzas de Coahuila aseguran que se facturan supuestas asesorías, productos perecederos, alimentos o consumibles a los que es muy difícil rastrear o verificar su aplicación en una auditoría”, señala el diario capitalino.

77 millones 513 mil pesos es lo que otorgó el Gobierno de Coahuila en cinco contratos a la empresa Nuberia Comercial, por conceptos de colchonetas, colchones, material de curación, paquetes quirúrgicos y medicamentos.

No obstante que esta firma no está en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Gobierno de Coahuila vigente al 2 de agosto de 2016.

Otra firma beneficiada es Vilansa, a quien el Gobierno le pagó dos facturas por un total de 11 millones 169 mil pesos entre noviembre de 2015 y enero de 2016, por concepto de 42 mil 760 cobijas y 27 mil bultos de cemento.

Su domicilio está en la calle Vicente Guerrero 421 Poniente, en el Centro de San Nicolás, en Nuevo León. El lugar es una vivienda abandonada que tenía en la banqueta recibos con esa dirección a nombre de Armando Salazar Cárdenas

“Riviera Álamo, una firma “todóloga” que, aunque su nombre no aparece en la lista de proveedores, ha facturado este año más de 24 millones de pesos al erario coahuilense por contratos obtenidos sin licitaciones” abunda la investigación del diario capitalino, .

Vilzel ha facturado 11 millones 600 mil pesos por concepto de asesoría jurídica en materia fiscal. Al momento de contactar a esta empresa, cuando se marca a los números que aparecen, una operadora de Vilzel, la voz pregrabada anuncia: “Está usted hablando a EB Capital”, y vuelve a remitir al menú de opciones una y otra vez.

El domicilio registrado en las facturas de dicha empresa y en el padrón de proveedores es la Torre A, Piso 8, de la Avenida Santa Fe 94, en Zedec Plaza Santa Fe, pero el personal confirmó que la “consultoría” no tiene una oficina ahí, ni en ninguna de las otras tres torres que integran el complejo.

Fuentes de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Coahuila, que consultó Rerforma, indicaron que los pagos a pagos se hacen siempre de manera urgente, bajo la presión de jefes de área cuyo único argumento es que son “órdenes de arriba”.

“Quien tiene la relación de estas empresas ‘fantasma’ o empresas ‘pantalla’, como también se les llama, es el Subsecretario de Administración de la Sefin, Julián Montoya, consigna el medio de comunicación.

Asha Consultores Especializados y Consultorías Bardo, recibieron 11 millones 600 pesos, (5 millones 800 mil cada una) son otras dos empresas que no son conocidas en el mercado y comparten un mismo domicilio fiscal en la Ciudad de México.

La dirección que las dos “consultoras” tienen registrada tanto en el Padrón de Proveedores y Contratistas de Coahuila como en sus facturas es la de Andador 6, Manzana 7, Lote 8, Tierra Unida, en la Delegación Magdalena Contreras.

Este domicilio pertenece a una vivienda descuidada, grafiteada, con la reja destartalada. En dicha casa, ubicada en un sector de bajos recursos, vive una mujer y su hija. Vecinos dijeron desconocer o haber escuchado nombrar sobre dichas empresas.

Los pagos hechos a estas empresas, fueron por conceptos de “consultoría en administración de personal” a Asha y por asesoría en “estrategia y capacitación en informática” a Bardo.

Consultorías Bardo tiene un portal en internet de los que se realizan con plantillas preestablecidas que se ofrecen en la red, en el que ofrece servicios de asesoría y capacitación, pero no ofrece ni directorio de la empresa, ni domicilio, ni teléfono.

“Documentos y facturas e revelan que el Gobierno de Rubén Moreira destinó recursos del erario para adquirir cemento, productos de limpieza, gorras, camisetas y hasta bolos a empresas cuyos domicilios fiscales son bodegas solitarias, casas abandonadas o viviendas”.

Durante el sexenio de Rubén Moreira en Coahuila el desfalco al erario a través de empresas “fantasma” se dio a manos llenas.

La asignación de decenas de contratos por cientos de millones de pesos a esas “corporaciones” no fue producto de descuidos administrativos o equívocos burocráticos, ni de falta de información sobre el perfil de esas “compañías”.

Muy por el contrario, las “empresas” parecieron haber sido diseñadas o seleccionadas escrupulosamente, en operaciones premeditadas de la Secretaría de Finanzas del Estado, para llevar a cabo un saqueo sistemático de cientos de millones de pesos del erario.

En su momento, Reforma, El Norte de Monterrey y medios locales y nacionales dieron pelos y señales de las firmas “factureras” que, sin estar en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, fueron “bendecidas” con contratos millonarios por asignaciones directas.

No hay cifras definitivas, pero el Gobierno de Coahuila pagó tan sólo en el 2016 más de 410 millones de pesos a estos negocios que, paradójicamente, siendo fantasmas y creados sólo para facturar y lavar dinero, son legales ante los ojos de la Secretaría de Hacienda

Ha sido tan salvaje la depredación del erario, el lavado y la evasión de impuestos a través de estas compañías factureras, que el martes pasado el Senado aprobó reformas legales para que a partir del 1 de enero sus operaciones sean equiparables a las actividades del crimen organizado

La defraudación a través de facturas falsas y empresas “fantasma” serán consideradas una amenaza a la seguridad nacional.

En Coahuila, los montos pagados durante el moreirato a estos paraísos fiscales fueron increíbles, pero también lo fueron los irrisorios conceptos de la facturación: bolos (bolsas de dulces) infantiles, alimentos, cobijas y edredones.

Otras empresas “pantalla” cobraron millones y millones por supuestos estudios y proyectos, publicidad en portales inexistentes de internet y dotaciones imaginarias de medicamentos, paquetes quirúrgicos y materiales de curación.

El desaseo fue tal que empresas de “asesorías”, como Consultora Murano, facturaron contratos por más de 15 millones 400 mil pesos en “huevo, muslo y pierna de pollo”.

Quienes planearon las operaciones fueron cuidadosos: se aseguraron de que se adquirieran sólo artículos perecederos, consumibles o imposibles de rastrear o verificar.

La regla fue facturar productos y servicios volátiles, invisibles para cualquier tipo de auditoría.

En el colmo, una de esas empresas factureras, Riviera Álamo, era —es todavía— propiedad de María Esther Monsiváis, quien entonces era Secretaria de Infraestructura y Transporte de Coahuila y la principal operadora política de Rubén Moreira.

Al fin “fantasma”, la empresa operaba escondida en una bodega de Saltillo sin rótulos o logotipos. Nada la identificaba como una firma que facturaba poderosamente millones de pesos al Gobierno de su amigo y protector.

No había un solo rastro de vida de ese negocio que en sus actas constitutivas decía dedicarse a giros que iban desde la construcción de obras y desarrollos hasta la tramitación de permisos, certificados y asesorías en obras portuarias y aeroportuarias. Incluso, decía dedicarse a la producción de granos y forrajes.

Una “todóloga” en su máxima expresión.

Cuando el 7 de noviembre del 2016 se “destapó” a nivel nacional que Monsiváis y su esposo habían creado a través de testaferros esa firma “pantalla” que cobraba contratos millonarios por asignación directa al Gobierno, Moreira, muy a su pesar, tuvo que correrla de su gabinete.

La sacó de su equipo formal, pero la mantuvo dentro de su primer círculo de colaboradores: todo mundo la veía operando a sus anchas, como si nada hubiera pasado, dando órdenes en las altas esferas del PRI de Coahuila.

Moreira y su Secretario de Finanzas, Ismael Ramos, se dieron golpes de pecho, prometieron investigar los casos —debieron prometer investigarse a sí mismos— e imponer mayores candados a las futuras contrataciones.

Hubo denuncias penales, pero no pasó nada. Ninguna instancia oficial dijo esta boca es mía.

Es la fecha que no hay ningún funcionario castigado y las firmas “pantalla” no fueron molestadas en lo más mínimo.

Fiscalías van y vienen. El Sistema Anticorrupción de Coahuila es un cero a la izquierda y de las querellas interpuestas ante la PGR en el 2016 ya nadie sabe nada.

Se ha llegado a este absurdo: MVS Noticias informó el año pasado  que el SAT rechaza dar información de las “empresas” favorecidas porque el Código Fiscal de la Federación “obliga” a guardar reserva absoluta respecto a los datos de los contribuyentes.

Por desgracia, el “esquema Coahuila” no sólo operó en este Estado. Se generalizó en otras entidades y dependencias. La Estafa Maestra es uno de los casos más sonados, pero, obviamente, no el único.

El robo en Coahuila fue en despoblado. Todo mundo sospecha que los recursos fueron a parar a campañas, compra de voto, partidos y —faltaba más— a los bolsillos de funcionarios y políticos. La impunidad no permite saber dónde quedó la bolita.

Pasan los años y no sólo no hay castigo para nadie. Muy al contrario, al ex Gobernador Moreira lo hicieron Diputado federal y le dieron un poder ilimitado en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde su esposa Carolina Viggiano es la secretaria general.

Así andamos en Coahuila y en México.

Las reformas aprobadas el martes en el Senado establecen que los nuevos criterios que consideran a las empresas “fantasma” como delincuencia organizada se aplicarán de manera retroactiva a los casos que se investigan actualmente.

Veremos si es cierto.

Los políticos apuestan a dos cosas: a la protección que les brindará el entramado de complicidades del poder y a que la sociedad no tiene memoria.

Apuestan por el desgaste del tiempo, por el cansancio de la gente y el olvido social.

No les demos la razón.

Con información de Vanguardia.com.mx y un texto de David Brondo publicado en www.infonor.com.mx

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