Luego de tres años en que se descubrió que el anterior Gobierno de Coahuila, a cargo de Rubén Moreira Valdez, otorgó contratos millonarios a empresas fantasma, sin logotipos, portales de internet, teléfonos de localización, con domicilios en bodegas, casas inhabilitadas, inmuebles en colonias populares, y en edificios donde son desconocidas en Saltillo, Monterrey y Saltillo, las investigaciones están detenidas y no existe un solo avance al respecto.
En septiembre del año 2016, el diario capitalino Reforma, presento una investigación en la que muestra que el gobierno a cargo de Rubén Moreira ha pagado cientos de millones a empresas sospechosas, que no son conocidas, ya que, carecen de las características que una empresa funcional tiene.
Los contratos fueron otorgados por medio de adjudicación directa, es decir, la vía en que puede un gobierno pagar servicios sin licitación.
“Fuentes cercanas a la Secretaría de Finanzas de Coahuila aseguran que se facturan supuestas asesorías, productos perecederos, alimentos o consumibles a los que es muy difícil rastrear o verificar su aplicación en una auditoría”, señala el diario capitalino.
77 millones 513 mil pesos es lo que otorgó el Gobierno de Coahuila en cinco contratos a la empresa Nuberia Comercial, por conceptos de colchonetas, colchones, material de curación, paquetes quirúrgicos y medicamentos.
No obstante que esta firma no está en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Gobierno de Coahuila vigente al 2 de agosto de 2016.
Otra firma beneficiada es Vilansa, a quien el Gobierno le pagó dos facturas por un total de 11 millones 169 mil pesos entre noviembre de 2015 y enero de 2016, por concepto de 42 mil 760 cobijas y 27 mil bultos de cemento.
Su domicilio está en la calle Vicente Guerrero 421 Poniente, en el Centro de San Nicolás, en Nuevo León. El lugar es una vivienda abandonada que tenía en la banqueta recibos con esa dirección a nombre de Armando Salazar Cárdenas
“Riviera Álamo, una firma “todóloga” que, aunque su nombre no aparece en la lista de proveedores, ha facturado este año más de 24 millones de pesos al erario coahuilense por contratos obtenidos sin licitaciones” abunda la investigación del diario capitalino, .
Vilzel ha facturado 11 millones 600 mil pesos por concepto de asesoría jurídica en materia fiscal. Al momento de contactar a esta empresa, cuando se marca a los números que aparecen, una operadora de Vilzel, la voz pregrabada anuncia: “Está usted hablando a EB Capital”, y vuelve a remitir al menú de opciones una y otra vez.
El domicilio registrado en las facturas de dicha empresa y en el padrón de proveedores es la Torre A, Piso 8, de la Avenida Santa Fe 94, en Zedec Plaza Santa Fe, pero el personal confirmó que la “consultoría” no tiene una oficina ahí, ni en ninguna de las otras tres torres que integran el complejo.
Fuentes de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Coahuila, que consultó Rerforma, indicaron que los pagos a pagos se hacen siempre de manera urgente, bajo la presión de jefes de área cuyo único argumento es que son “órdenes de arriba”.
Asha Consultores Especializados y Consultorías Bardo, recibieron 11 millones 600 pesos, (5 millones 800 mil cada una) son otras dos empresas que no son conocidas en el mercado y comparten un mismo domicilio fiscal en la Ciudad de México.
La dirección que las dos “consultoras” tienen registrada tanto en el Padrón de Proveedores y Contratistas de Coahuila como en sus facturas es la de Andador 6, Manzana 7, Lote 8, Tierra Unida, en la Delegación Magdalena Contreras.
Este domicilio pertenece a una vivienda descuidada, grafiteada, con la reja destartalada. En dicha casa, ubicada en un sector de bajos recursos, vive una mujer y su hija. Vecinos dijeron desconocer o haber escuchado nombrar sobre dichas empresas.
Los pagos hechos a estas empresas, fueron por conceptos de “consultoría en administración de personal” a Asha y por asesoría en “estrategia y capacitación en informática” a Bardo.
Consultorías Bardo tiene un portal en internet de los que se realizan con plantillas preestablecidas que se ofrecen en la red, en el que ofrece servicios de asesoría y capacitación, pero no ofrece ni directorio de la empresa, ni domicilio, ni teléfono.
“Documentos y facturas e revelan que el Gobierno de Rubén Moreira destinó recursos del erario para adquirir cemento, productos de limpieza, gorras, camisetas y hasta bolos a empresas cuyos domicilios fiscales son bodegas solitarias, casas abandonadas o viviendas”
Caso Marucha, la misma situación: No pasa nada.
El mismo estado guarda la investigación del caso en que el anterior Gobierno de Coahuila, pagó más de 71 millones de pesos a una empresa fantasma relacionada con la ex Secretaría estatal de Infraestructura, María Esther Monsiváis, la principal operadora del gobernador, Rubén Moreira.
En noviembre de 2016, Un reporte publicado este lunes por el diario Reforma destaca que en los últimos tres años, el Gobierno de Coahuila pagó al menos 39 facturas por más de 71 millones de pesos a la empresa fantasma Riviera Álamo, relacionada con Monsiváis.
Todos los contratos para la firma se dieron por asignación directa, pese a que no aparece en el Padrón de Proveedores y Contratistas coahuilense. El diario de circulación nacional destaca que “fuentes oficiales señalaron que a la fecha no hay comprobantes ni actas de la entrega-recepción de los productos”.
El reportaje destaca que Riviera Álamo es una firma constituida bajo el giro de “construcción de obras civiles” especializada en maniobras portuarias y aeroportuarias.Sin embargo, las facturas emitidas a la empresa fueron por productos como cobijas, bicicletas, baterías de cocina, balones, impermeabilizantes y tinacos hasta electrodomésticos, colchones, mochilas, bolos infantiles, muñecas Barbie y pulseras, entre otros.
Una empresa favorecida
La investigación de Reforma cotejo documentos sobre las asignaciones oficiales de la Secretaría de Finanzas de la entidad, mismas que mostraron que la empresa siempre fue favorecida por el gobierno al pertenecer a la principal operadora política del gobernador Rubén Moreira.
“Marucha (como se le conoce a Monsiváis) generalmente manejaba todo junto con el ahora fallecido Julián Montoya (entonces Subsecretario de Administración y Egresos), el otro personaje que operó todo lo financiero del Gobernador”, aseguró uno de los entrevistados al diario.
María Esther Monsiváis renunció a su cargo el 7 de noviembre de 2016, luego de que Reforma revelara que la empresa Riviera Álamo fue constituida por la funcionaria a través de dos “prestanombres” que hasta el momento no han sido ubicados: Javier Garza Lizcano, chofer de ruta de Monterrey y Valentín Moreno, empleado de la empresa Concordia, propiedad de Monsiváis y su esposo Fernando Martínez.
La Auditoría Superior de Coahuila ha presentado infinidad de denuncias penales en contra de quien resulte responsable por estos hechos y es fecha de que no existen ni en la Fiscalía General de Coahuila ni la Fiscalía Anticorrupción, avances o información sobre estos casos que representaron un quebranto para las finanzas públicas del estado de Coahuila.
