Desde el período de transición, la oferta política y de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en crisis diferentes principios que, por vicios o malas prácticas son objeto de repulsión ciudadana, facilitando que el discurso presidencial los convierta en objeto de invectivas.
Los ejemplos son abundantes: la autonomía por organismos que, siendo saludables y necesarios en democracia, han pervertido aspectos de su función; el quehacer periodístico que, teniendo excesos, es absurdamente colocado al mismo nivel de las oposiciones; la división de poderes bajo amenaza de señalamiento a jueces que, como en los casos anteriores, opongan sentencias a lo que se propone la administración.
Poco valorado en las décadas recientes, sometido a presiones por gobiernos de todos los partidos, un principio que en el ánimo concentrador de poder se percibe en riesgo constante es el federalismo. Inició en la última etapa de Felipe Calderón, creció durante el sexenio de Peña Nieto, pero nunca de manera tan abierta como con López Obrador, que desde su Proyecto 18, el discurso de campaña y hasta ahora con la tribuna matutina, ha dejado clara su proclividad al centralismo y la concentración de poder en una revitalización del presidencialismo duro a la mexicana.
Esa orientación tiene como ejemplo la creación de la figura de los “superdelegados”, en quienes se concentra la representación y operación del gobierno federal y, aunque hasta ahora el plan no termina de concretarse, tiende idealmente a ser contrapeso a los gobernadores que, por otra parte, resienten la disminución de participaciones que, con el argumento de “evitar intermediarios”, deja de pasar por las arcas estatales.
Con todo y lo bien que se pueda o quiera pensar de la oferta lopezobradorista –que se sabe, cuenta con amplias simpatías— no hay ingenuidad ya que la mayoría de los superdelegados fueron candidatos a gobernador, operadores electorales de Morena o pretenden serlo.
El momento es oportuno y la justificación pública perfecta. Desprestigiado como pocos, el sexenio de Peña Nieto pudo ofrecer en sacrificio a gobernadores mientras intentaba tapar su propia corrupción. Gobernadores que, claro está, hicieron y deshicieron a su antojo, detentadores de poder cuasiabsoluto emanados del PRI, PAN y PRD; señores feudales, protagonistas de una corrupción y autoritarismo delirantes.
Retirar recursos a gobernadores, imponerles un contrapeso desde el centro y concentrar fuerza en la figura presidencial, así sea contra el federalismo que es una entelequia, con fines electorales y en detrimento de la distribución de poder, que es inherente al liberalismo, no contribuye al avance democrático de las entidades y si deteriora el desarrollo político que, por ser complejo, pasa de manera imperceptible para las grandes mayorías.
Perdidas las sutilezas, en medio de una crisis de constitucionalidad en Veracruz por la destitución de un fiscal de aparente proximidad al PAN, que es incómodo al gobernador morenista, ocurre la propuesta panista de desaparición de poderes en esa entidad. En respuesta, Morena pide extinción de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, gobernadas por el PAN, argumentando los altos niveles de inseguridad. Si se sabe que el asunto veracruzano debe seguir los cauces judiciales que determinen su constitucionalidad ¿a qué viene la propuesta panista? Si es imposible que esa pretensión pase en el Senado ¿a que viene la reacción morenista?
El debate es anecdótico, pero sorprende la ligereza con la que la lucha de poder pone sobre la mesa la discusión de principios que se supondrían imperturbables y revela la desesperación del PAN por ser un poco relevante, así como la irracionalidad y desproporción de Ricardo Monreal, tan necesitado de fulgurar en el firmamento de la autollamada 4T.
Caso aparte es el de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” cuya campaña presidencial –pobre patiño, difusor de ocurrencias y exhibición de miserias conceptuales- usó recursos del gobierno Nuevo León en su absurda aventura.
Lo de “El Bronco” es cosa seria y ahí sí, estamos frente a algo nuevo. Sin precedentes, el congreso local aprobó el pasado 23 de septiembre las reglas para la sanción que puede ir de multa a destitución, para imponerse antes del 20 de diciembre en acatamiento a una resolución de la justicia federal electoral.
Y ahí sí, el PAN, Morena y el resto de los partidos están a prueba, porque una cosa es andar promoviendo desaparición de poderes como propaganda y maniobrerismo político, pero otra muy distinta es colocarse frente a la sanción y posible destitución de un mandatario estatal, procedimiento que ofrece dos alternativas: usar el momento como vulgar moneda de cambio o dar un mensaje claro contra la impunidad en el uso y abuso probado de recursos públicos con fines electorales que sentaría un precedente al que –quizás y por obvias razones– ninguno quiere exponerse en el futuro.
