Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es experto en tender cortinas de humo. En 2003, cuando era jefe de gobierno de Ciudad de México, pidió a los periodistas «darlo por muerto» para la sucesión presidencial. Tres años después se postuló por el PRD y estuvo a una nariz de ganarle a Felipe Calderón. Ya como presidente, ofreció poner «punto final a esta horrible historia (de corrupción)… mejor empecemos de nuevo; en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado…».
Empero, ya tiene entre rejas Rosario Robles, una de las colaboradoras más íntimas de Peña Nieto. También está preso el litigante Juan Collado, expresidente de Caja Libertad y supuesto blanqueador de dinero de figuras del PRI y del PAN. Alonso Ancira, propietario de AHMSA, enfrenta en España un juicio de extradición por la venta de Agro Nitrogenados a Pemex a precio inflado y lavado de dinero. Emilio Lozoya Austin, quien autorizó la operación, como director de la empresa, se encuentra prófugo.
También participó en la trama de la multinacional brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a varios presidentes de América Latina; entre ellos al peruano Alan García, quien optó por el suicidio.
Sin embargo, la mayoría de los intocables —expresidentes, exsecretarios de Estado, gobernadores, líderes sindicales, empresarios y banqueros— aún conserva esa condición. AMLO conoce los casos más emblemáticos, pero prefiere administrarlos; no corre prisa. Además, ahora hay un fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, cuya función no es «ser florero»; y un jefe de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien tampoco le tiembla el pulso para aplicar la ley.
¿Quién será el primer exgobernador en ser procesado por delitos de corrupción? ¿Humberto o Rubén Moreira? El presidente no ha dado pistas, ni las dará, como tampoco lo hizo en los casos de Robles, Ancira, Collado y Loyoza. El tiempo parece favorecer a Humberto aun cuando la deuda permanece impune y sin aclarar su aplicación. Las empresas fantasma y otros desmanes de Rubén están más frescos.
Hasta hoy ningún sátrapa ha sido defenestrado por AMLO como era costumbre en la «presidencia imperial». Carlos Salinas despachó a 15 o 16, algunas veces por un quítame allá esas pajas. El presidente de la Cuarta Transformación es de otro estilo, pero no frenará a Gertz, a Nieto ni al Congreso para proceder, cuando a su agenda convenga y las circunstancias lo exijan, contra los protegidos de Peña Nieto en los estados. Uno de los candidatos es el predecesor de Miguel Ángel Riquelme.
Las denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado por la deuda y las empresas fantasma en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, la investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada», de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y la presión social abren resquicios para castigar los delitos cometidos durante el moreirato. El clamor no es de
venganza, sino de justicia. Una de las exigencias al presidente López Obrador consiste en sentar en el banquillo a quienes abusaron del poder en la tierra de Francisco I. Madero, uno de los guías de su movimiento transformador. ¿Es mucho pedir?
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Si el procurador de los Moreira sigue el itinerario del exgobernador Jorge Torres López, su próxima escala será en una celda.
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