Durante el sexenio de Rubén Moreira en Coahuila el desfalco al erario a través de empresas “fantasma” se dio a manos llenas.
La asignación de decenas de contratos por cientos de millones de pesos a esas “corporaciones” no fue producto de descuidos administrativos o equívocos burocráticos, ni de falta de información sobre el perfil de esas “compañías”.
Muy por el contrario, las “empresas” parecieron haber sido diseñadas o seleccionadas escrupulosamente, en operaciones premeditadas de la Secretaría de Finanzas del Estado, para llevar a cabo un saqueo sistemático de cientos de millones de pesos del erario.
En su momento, Reforma, El Norte de Monterrey y medios locales y nacionales dieron pelos y señales de las firmas “factureras” que, sin estar en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, fueron “bendecidas” con contratos millonarios por asignaciones directas.
No hay cifras definitivas, pero el Gobierno de Coahuila pagó tan sólo en el 2016 más de 410 millones de pesos a estos negocios que, paradójicamente, siendo fantasmas y creados sólo para facturar y lavar dinero, son legales ante los ojos de la Secretaría de Hacienda
Ha sido tan salvaje la depredación del erario, el lavado y la evasión de impuestos a través de estas compañías factureras, que el martes pasado el Senado aprobó reformas legales para que a partir del 1 de enero sus operaciones sean equiparables a las actividades del crimen organizado
La defraudación a través de facturas falsas y empresas “fantasma” serán consideradas una amenaza a la seguridad nacional.
En Coahuila, los montos pagados durante el moreirato a estos paraísos fiscales fueron increíbles, pero también lo fueron los irrisorios conceptos de la facturación: bolos (bolsas de dulces) infantiles, alimentos, cobijas y edredones.
Otras empresas “pantalla” cobraron millones y millones por supuestos estudios y proyectos, publicidad en portales inexistentes de internet y dotaciones imaginarias de medicamentos, paquetes quirúrgicos y materiales de curación.
El desaseo fue tal que empresas de “asesorías”, como Consultora Murano, facturaron contratos por más de 15 millones 400 mil pesos en “huevo, muslo y pierna de pollo”.
Quienes planearon las operaciones fueron cuidadosos: se aseguraron de que se adquirieran sólo artículos perecederos, consumibles o imposibles de rastrear o verificar.
La regla fue facturar productos y servicios volátiles, invisibles para cualquier tipo de auditoría.
En el colmo, una de esas empresas factureras, Riviera Álamo, era —es todavía— propiedad de María Esther Monsiváis, quien entonces era Secretaria de Infraestructura y Transporte de Coahuila y la principal operadora política de Rubén Moreira.
Al fin “fantasma”, la empresa operaba escondida en una bodega de Saltillo sin rótulos o logotipos. Nada la identificaba como una firma que facturaba poderosamente millones de pesos al Gobierno de su amigo y protector.
No había un solo rastro de vida de ese negocio que en sus actas constitutivas decía dedicarse a giros que iban desde la construcción de obras y desarrollos hasta la tramitación de permisos, certificados y asesorías en obras portuarias y aeroportuarias. Incluso, decía dedicarse a la producción de granos y forrajes.
Una “todóloga” en su máxima expresión.
Cuando el 7 de noviembre del 2016 se “destapó” a nivel nacional que Monsiváis y su esposo habían creado a través de testaferros esa firma “pantalla” que cobraba contratos millonarios por asignación directa al Gobierno, Moreira, muy a su pesar, tuvo que correrla de su gabinete.
La sacó de su equipo formal, pero la mantuvo dentro de su primer círculo de colaboradores: todo mundo la veía operando a sus anchas, como si nada hubiera pasado, dando órdenes en las altas esferas del PRI de Coahuila.
Moreira y su Secretario de Finanzas, Ismael Ramos, se dieron golpes de pecho, prometieron investigar los casos —debieron prometer investigarse a sí mismos— e imponer mayores candados a las futuras contrataciones.
Hubo denuncias penales, pero no pasó nada. Ninguna instancia oficial dijo esta boca es mía.
Es la fecha que no hay ningún funcionario castigado y las firmas “pantalla” no fueron molestadas en lo más mínimo.
Fiscalías van y vienen. El Sistema Anticorrupción de Coahuila es un cero a la izquierda y de las querellas interpuestas ante la PGR en el 2016 ya nadie sabe nada.
Se ha llegado a este absurdo: MVS Noticias informó el año pasado que el SAT rechaza dar información de las “empresas” favorecidas porque el Código Fiscal de la Federación “obliga” a guardar reserva absoluta respecto a los datos de los contribuyentes.
Por desgracia, el “esquema Coahuila” no sólo operó en este Estado. Se generalizó en otras entidades y dependencias. La Estafa Maestra es uno de los casos más sonados, pero, obviamente, no el único.
El robo en Coahuila fue en despoblado. Todo mundo sospecha que los recursos fueron a parar a campañas, compra de voto, partidos y —faltaba más— a los bolsillos de funcionarios y políticos. La impunidad no permite saber dónde quedó la bolita.
Pasan los años y no sólo no hay castigo para nadie. Muy al contrario, al ex Gobernador Moreira lo hicieron Diputado federal y le dieron un poder ilimitado en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde su esposa Carolina Viggiano es la secretaria general.
Así andamos en Coahuila y en México.
Las reformas aprobadas el martes en el Senado establecen que los nuevos criterios que consideran a las empresas “fantasma” como delincuencia organizada se aplicarán de manera retroactiva a los casos que se investigan actualmente.
Veremos si es cierto.
Los políticos apuestan a dos cosas: a la protección que les brindará el entramado de complicidades del poder y a que la sociedad no tiene memoria.
Apuestan por el desgaste del tiempo, por el cansancio de la gente y el olvido social.
No les demos la razón.
Galerín de Plomos
En el río revuelto de la violencia generalizada que azota al país, el cándido Andrés Manuel López Obrador llama a narcos y sicarios a recapacitar, a portarse bien y a pensar en el “amor sublime” de sus mamacitas que sufren por ellos.
A su vez, la Secretaría de Gobernación anuncia que la Fiscalía General de la República investiga una posible ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo por parte de elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Tamaulipas.
No sabemos qué es más trágico: si la candidez —podríamos utilizar otros 30 adjetivos distintos— del discurso presidencial o la devastadora violencia de las instituciones de seguridad pública.
Texto de David Brondo publicado en www.infonor.com.mx
