Para un abogado que conoce los secretos del poder, tiene a su servicio el aparato de justicia y recibe protección desde la Presidencia, convertirse en estrella, codearse con celebridades y tener éxito económico, es juego de niños. Pero cuando los agentes políticos son otros, las cosas cambian. La detención de Juan Collado, por lavado de dinero y delincuencia organizada, jamás habría ocurrido si José Antonio Meade o Ricardo Anaya despacharan hoy en Los Pinos. Tampoco se habrían destapado los escándalos por la recompra de Agronitrogenados y de Fertinal, chatarra pagada por Pemex a precio de oro por órdenes del Peña Nieto. Ni andaría a salto de mata Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera.
Mientras el Financial Times le canta la cartilla por su política económica, el presidente López Obrador avanza su agenda contra la corrupción. Collado, entre cuyos clientes figuran “el hermano incómodo” Raúl Salinas de Gortari, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps; el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, y el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, es la punta del iceberg contra el cual chocó el Titanic de la “mafia del poder”.
Sergio Bustamente Figueroa, socio de Caja Libertad, Sociedad Financiera Popular, acusa a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto de ser las cabezas de una trama criminal: “al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, (Caja Libertad) realiza actividades ilícitas como banqueo y/o lavado de dinero, negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda la gama de delitos financieros que se ocurran” (Reforma, 11.07.91).
En la declaración de Bustamante ante la Fiscalía General de la República, publicada por el diario, se lee: “Toda esta organización delincuencial tiene nombres y apellidos: Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Francisco Domínguez Servien, Mauricio Kuri González (gobernador de Querétaro por el PAN y coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado, respectivamente), Juan Ramón Collado Mocelo (señalado como el defensor de la mafia del poder), Javier Rodríguez Borgio (dueño de los casinos Big Bola cuyos adeudos con el fisco rondan los 600 millones de pesos, según Reforma) y José Antonio Rico Rico (presidente de Caja Libertad)».
Si el PRIAN hubiese retenido la presidencia, Bustamante tampoco se habría atrevido a denunciar a los intocables, por temor a ser encarcelado o desaparecido como pasa en un país kafkiano donde las víctimas son culpables y los delincuentes de cuello blanco resultan siempre exonerados, si acaso se les procesa. El fiscal general Alejandro Gertz Manero y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, deben tener una abultada lista de casos sobre políticos y empresarios involucrados en actos de corrupción.
Los errores de AMLO, algunos graves, se magnifican, y los aciertos se minimizan, pero quién puede refutar la siguiente parte de su discurso inaugural, publicada por el New York Times en su portal, el 1 de diciembre: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. (…) Esa es la causa principal de la desigualdad económica, también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”.
Gertz y Nieto deben volver los ojos a Coahuila, donde la megadeuda y las empresas fantasma tampoco se explicarían sin esa relación perversa entre las élites políticas y económicas.
