El bisemanario Espacio 4 dedica la sección de Sombras de su edición 609 a nuevos hallazgos en el fraude del Infonavit, al pacto del Gobierno de Peña Nieto para dejar en libertad a uno de los huachicoleros más poderosos del país y a la nueva bandera del PRI, en el marco de su 90 aniversario: que a sus gobernadores no les griten en los actos del presidente López Obrador.
I
En medio del escándalo por los juicios ilegales a través de los cuales el Infonavit despojó a 300 mil derechohabientes de sus viviendas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que dos directivos del Instituto aprovecharon un programa para obtener créditos millonarios y comprar inmuebles en zonas residenciales.
Se trata del programa Empleavit, lanzado en octubre de 2015 por el entonces director del Infonavit, Alejandro Murat, a través del cual se ofrecieron a empleados del instituto créditos equivalentes a 41.2 meses de sueldo con una tasa anual de 4%, a 20 años y sin
intereses.
El actual director empresarial del Infonavit, Sebastián Fernández, obtuvo en diciembre de 2015 un crédito con HSBC por 5.2 millones de pesos para comprar una casa de 22 mdp en la alcaldía Álvaro Obregón.
El 22 de diciembre abrió su crédito con Infonavit y canceló su adeudo con HSBC. Lo mismo hizo José Pelayo, director general de Riesgos, que trasladó al instituto una deuda bancaria por 8.5 millones de pesos, que usó para adquirir una casa en Cuajimalpa, detalla la
investigación.
II
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto perdonó a Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, uno de los principales huachioleros de Puebla. En agosto de 2017, cuando el empresario gasolinero fue detenido en un operativo de la Marina en el que se le se encontraron armas de grueso calibre, la Administración estatal del panista José Antonio Gali Fayad informó que “se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible” y lo vinculó a Antonio Martínez Fuentes “El Toñín”, líder de una banda dedicada a la ordeña de gasolina en Triángulo Rojo (ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México).
Sin embargo, el pasado 1 de marzo Reforma reveló que en agosto de 2018, “El Cachetes” negoció con la PGR (de Peña) declararse culpable de posesión de armas de fuego a cambio de una sentencia de sólo tres años con 10 meses de prisión, una multa de 6 mil 416 pesos y beneficios legales para no pisar la
cárcel.
Pese a que dos de sus gasolineras fueron clausuradas, finalmente Muñoz Bravo no fue imputado por robo de
hidrocarburos.
III
Los gobernadores no quieren abucheos y abogan por una ley que los prohíba. La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, informó que los mandatarios priistas le pedirán a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que haga un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga contra los abucheos en los eventos de gobierno estatales.
Massieu dijo que la propuesta emanó de una reunión con los gobernadores de su partido, el pasado 3 de marzo. «Nos reunimos con los gobernadores (del PRI) y se busca un pronunciamiento desde la Conago. Este es un tema (los abucheos) de todos, no nada más del PRI», dijo Massieu en conferencia de prensa. Además, informó que los grupos parlamentarios del PRI subirán puntos de acuerdo, a través de los cuales se exhortará al Ejecutivo Federal para que se acabe con esta práctica y que «se explore algún camino jurídico que se pudiera seguir».
Bajo esa perspectiva, ¿también pedirán que se hagan obligatorios los aplausos?
