El Congreso de Coahuila analiza una iniciativa para crear un nuevo delito relacionado con el sabotaje a infraestructura hídrica y servicios públicos esenciales, con el objetivo de sancionar daños, robos, alteraciones o interferencias que afecten el suministro de agua potable, energía eléctrica y otros servicios básicos en la entidad.
La propuesta fue presentada por la diputada Olivia Martínez Leyva y elaborada en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal. El proyecto plantea adicionar el artículo 474 Bis al Código Penal de Coahuila para perseguir de oficio conductas que provoquen afectaciones a instalaciones estratégicas destinadas a la prestación de servicios públicos.
De acuerdo con la iniciativa, quienes dañen, destruyan, inutilicen, sustraigan o alteren infraestructura esencial enfrentarían sanciones superiores a las previstas actualmente para el delito de sabotaje. La propuesta contempla incrementar en una tercera parte las penas establecidas en el artículo 474 del Código Penal estatal, que actualmente van de cinco a quince años de prisión.
En caso de aprobarse la reforma, las sanciones podrían alcanzar entre seis años y ocho meses y hasta 20 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de los hechos y sus consecuencias para la población.
Agravantes elevarían las penas hasta 30 años
La iniciativa también incorpora circunstancias agravantes que permitirían aumentar la sanción en una mitad adicional. Entre ellas se encuentran los daños que afecten a comunidades vulnerables, hospitales, escuelas o albergues, así como aquellos que generen riesgos sanitarios o ambientales.
Asimismo, se consideran agravantes los casos en los que la interrupción del servicio se prolongue por más de 24 horas, impacte simultáneamente dos o más servicios públicos esenciales o sea cometida por personas que cuenten con acceso autorizado a la infraestructura.
Bajo estos supuestos, las penas podrían ubicarse en un rango de entre 10 y 30 años de prisión.
Buscan proteger el acceso al agua y servicios básicos
Durante la exposición de motivos, la diputada Olivia Martínez Leyva señaló que actualmente este tipo de conductas suelen procesarse como daño en propiedad ajena, figura que considera insuficiente frente a las consecuencias colectivas que generan cuando afectan el acceso al agua potable, el saneamiento, la energía eléctrica o la recolección de residuos.
“La infraestructura hídrica constituye la columna vertebral del ejercicio efectivo del derecho humano al agua de miles de familias coahuilenses, por lo que es nuestra obligación protegerla”, expresó la legisladora.
La propuesta define como infraestructura hídrica a pozos de extracción, bombas hidráulicas, tuberías, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, válvulas reguladoras, medidores, cárcamos de bombeo, acueductos y sistemas físicos o digitales utilizados para operar, supervisar o monitorear estos servicios.
