La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Alejandro Iraragorri Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, por una supuesta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.
Autoridades hacendarias confirmaron que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó la querella contra el empresario porque presumiblemente, mediante engaños, omitió pagar el impuesto sobre la renta (ISR) de salarios a jugadores del Club Santos Laguna de enero a julio de 2017.
on base en esta denuncia, a fines de marzo la FGR inició la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-COAH/0000859/2023.
Información obtenida por Reforma indica que el organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda se querelló contra la persona jurídica Santos Laguna S.A. de C.V. y José Alfredo Jiménez Tejeda, vocal y apoderado general del club, además de Iraragorri, en su calidad de presidente del consejo de administración.
Según la autoridad hacendaria, los directivos maquinaron una estrategia para no retener ni pagar el ISR de esos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales legalmente están exentas de dicho impuesto.
La querella refiere que Santos hizo los pagos a su plantilla como parte del contrato colectivo que celebró en noviembre de 2013 con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana.
El dinero para el cuerpo técnico y jugadores salió del Fideicomiso Número 111592-6, también constituido en aquel año por el club en Banamex.
El reclamo de la PFF es que esos depósitos los hizo el contribuyente sin que los trabajadores estuvieran bajo los supuestos considerados como riesgo de trabajo, es decir, que hubiesen sufrido un accidente o enfermedad.
“De todo lo anteriormente expuesto, se tiene que los pagos realizados a los jugadores de futbol (trabajadores) por concepto de ‘primas indemnizatorias de riesgo de trabajo’ en cantidad total de 54 millones 22 mil 690.19 en realidad corresponden a pago de salarios”, dice el organismo fiscal.
“Y el Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato únicamente fue celebrado para hacer creer que a través de éste se pagaron supuestas ‘primas indemnizatorias de riesgo de trabajo’, con el único fin de deducir el gasto para efectos del ISR, sin cumplir con la obligación de retener el impuesto, omitiendo en consecuencia el ISR por salarios en cantidad de 17 millones 69 mil 865.82 pesos”.
