En un país polarizado, sin liderazgos sociales, con oposiciones raquíticas y
elecciones en puertas, se buscan salvadores de la patria hasta por debajo de las
piedras para plantarle cara a un presidente cuyo poder lo abarca todo. A río
revuelto, muchos quieren trepar al pedestal de la historia, pero la mayoría tiene
pies de barro. El expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lanza misiles
retóricos desde su despacho y emplea conceptos fuera de propósito como el de
«guerra total», sobre el cual incluso expertos en el tema, de la talla del militar e
historiador Carl von Clausewitz y el general Erich Ludendorff, prusianos ambos,
tuvieron puntos de vista divergentes. En vez de teorizar, De Hoyos debería bregar
en la arena de la política. El ejemplo lo tiene en Manuel J. Clouthier.
Si para algunos sectores los ídolos de ayer fueron un juez, por conceder
suspensiones contra los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica; y un exministro
de la Corte, por «defender» al Poder Judicial de los embates presidenciales, hoy
son los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por anular las
candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, postulados por Morena
para los gobiernos de Guerrero y Michoacán. La falta —no comprobar gastos de
precampaña— puede considerarse «menor» y la sanción «desmedida», pero si
responden a la norma, deben aplicarse por igual a todos los partidos. Sin
embargo, no siempre ha sido así.
Envuelto en el lábaro patrio, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se ha
amparado contra el presupuesto de egresos 2021 y el manual de remuneraciones
de los servidores públicos para no alinear su salario al del ejecutivo federal. El
ingreso mensual neto de los consejeros del instituto es de 178 mil 324 pesos, y el
de AMLO de 112 mil 122. La diferencia supera los 66 mil pesos. El órgano
electoral, como otras entidades constitucionales autónomas, está en el punto de
mira de la 4T. Su nombre y estructura actuales son resultado de dos elecciones
presidenciales cuestionadas: las de Felipe Calderón y Peña Nieto. La primera,
debido al supuesto fraude contra AMLO; y la segunda, por haber sido el dinero al
margen de ley, proveniente de distintas fuentes, quien la decidió.
Antes de cancelar las candidaturas de Salgado —acusado de acoso y violación
sexual—, Morón y de más de 40 aspirantes de Morena a diputados federales y
alcaldes, y del pacto por la democracia firmado por AMLO y los gobernadores, al
cual Córdova no fue invitado, el INE había aprobado nuevos criterios para asignar
las diputaciones plurinominales con el argumento de evitar, bajo el paraguas de
las coaliciones, la sobrerrepresentación del partido mayoritario. La decisión,
celebrada por la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) echó más leña al fuego de
la polarización. No por improcedente, sino por extemporánea. El acuerdo pudo
haberse tomado hace uno o dos años y no con las elecciones encima.
Tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
donde se resolverán las impugnaciones por las candidaturas canceladas a
Morena, están sujetos a presiones políticas. En 2017, el presidente Peña Nieto
inclinó la balanza por el PRI para impedir la anulación de los comicios para
gobernador en Coahuila y Estado de México por haber excedido el tope de
gastos de campaña. La mayoría de los consejeros del INE se nombró en
legislaturas dominadas por el PRI, PAN y PRD; y cuatro de los once, por la
actual, controlada por Morena y sus aliados. En la clasificación de las
instituciones más confiables del país de 2020, el presidente López Obrador
tiene 7.1 puntos y el INE 6.7 (Consulta Mitofsky). El choque entre ambas no le
augura nada bueno al país ni a la democracia.
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