INE: más leña al fuego

    Por Gerardo Hernández González

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    En un país polarizado, sin liderazgos sociales, con oposiciones raquíticas y
    elecciones en puertas, se buscan salvadores de la patria hasta por debajo de las
    piedras para plantarle cara a un presidente cuyo poder lo abarca todo. A río
    revuelto, muchos quieren trepar al pedestal de la historia, pero la mayoría tiene
    pies de barro. El expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lanza misiles
    retóricos desde su despacho y emplea conceptos fuera de propósito como el de
    «guerra total», sobre el cual incluso expertos en el tema, de la talla del militar e
    historiador Carl von Clausewitz y el general Erich Ludendorff, prusianos ambos,
    tuvieron puntos de vista divergentes. En vez de teorizar, De Hoyos debería bregar
    en la arena de la política. El ejemplo lo tiene en Manuel J. Clouthier.
    Si para algunos sectores los ídolos de ayer fueron un juez, por conceder
    suspensiones contra los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica; y un exministro
    de la Corte, por «defender» al Poder Judicial de los embates presidenciales, hoy
    son los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por anular las
    candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, postulados por Morena
    para los gobiernos de Guerrero y Michoacán. La falta —no comprobar gastos de
    precampaña— puede considerarse «menor» y la sanción «desmedida», pero si
    responden a la norma, deben aplicarse por igual a todos los partidos. Sin
    embargo, no siempre ha sido así.
    Envuelto en el lábaro patrio, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se ha
    amparado contra el presupuesto de egresos 2021 y el manual de remuneraciones
    de los servidores públicos para no alinear su salario al del ejecutivo federal. El
    ingreso mensual neto de los consejeros del instituto es de 178 mil 324 pesos, y el
    de AMLO de 112 mil 122. La diferencia supera los 66 mil pesos. El órgano
    electoral, como otras entidades constitucionales autónomas, está en el punto de
    mira de la 4T. Su nombre y estructura actuales son resultado de dos elecciones
    presidenciales cuestionadas: las de Felipe Calderón y Peña Nieto. La primera,
    debido al supuesto fraude contra AMLO; y la segunda, por haber sido el dinero al
    margen de ley, proveniente de distintas fuentes, quien la decidió.
    Antes de cancelar las candidaturas de Salgado —acusado de acoso y violación
    sexual—, Morón y de más de 40 aspirantes de Morena a diputados federales y
    alcaldes, y del pacto por la democracia firmado por AMLO y los gobernadores, al
    cual Córdova no fue invitado, el INE había aprobado nuevos criterios para asignar
    las diputaciones plurinominales con el argumento de evitar, bajo el paraguas de
    las coaliciones, la sobrerrepresentación del partido mayoritario. La decisión,
    celebrada por la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) echó más leña al fuego de
    ​la polarización. No por improcedente, sino por extemporánea. El acuerdo pudo
    haberse tomado hace uno o dos años y no con las elecciones encima.
    Tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
    donde se resolverán las impugnaciones por las candidaturas canceladas a
    Morena, están sujetos a presiones políticas. En 2017, el presidente Peña Nieto
    inclinó la balanza por el PRI para impedir la anulación de los comicios para
    gobernador en Coahuila y Estado de México por haber excedido el tope de
    gastos de campaña. La mayoría de los consejeros del INE se nombró en
    legislaturas dominadas por el PRI, PAN y PRD; y cuatro de los once, por la
    actual, controlada por Morena y sus aliados. En la clasificación de las
    instituciones más confiables del país de 2020, el presidente López Obrador
    tiene 7.1 puntos y el INE 6.7 (Consulta Mitofsky). El choque entre ambas no le
    augura nada bueno al país ni a la democracia.
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