«La acumulación de poder en manos de los gobernadores (…) ha sido uno de los
cambios más significativos del sistema político mexicano» en la primera década
de este siglo, advierte Germán Espino Sánchez en una investigación publicada por
SciELO. La concentración excede incluso a «la que tenían durante el régimen
autoritario». El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma de Querétaro cita el caso de Francisco Garrido, quien
repetidamente le disputó al presidente Felipe Calderón el control del PAN, la
mayoría de las veces con éxito.
En el mismo periodo, comprendido entre los sexenios de Vicente Fox y Calderón
(PAN), «los gobernadores procuraban que en las elecciones locales se consolidara
una mayoría legislativa de su partido, o negociaban con la oposición el control (del
Congreso). Con esta mayoría (…) les era posible controlar la elección de los
magistrados del Poder Judicial». También nombraban consejeros electorales y a los
presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal
de Acceso a la Información.
Espino señala: «claramente, los gobernadores dominaban a su partido en el nivel
local, e incluso designaban a su sucesor durante esta primera década». En
Coahuila, Humberto Moreira llegó al extremo de imponer a su hermano Rubén.
La situación empeoró en la segunda década del siglo, pues Enrique Peña Nieto,
en deuda con los gobernadores del PRI por haber apadrinado y financiado su
campaña, toleró todo tipo de abusos. La corrupción se disparó a escala federal y
estatal.
El escenario descrito por Espino —primera década del siglo XXI—, cuando los
gobernadores de turno controlaban «a los principales actores del espacio público
(…), entre los que destacaban los grupos empresariales y los medios de
comunicación locales», tampoco se ha modificado. La prensa dependía
«económicamente de la publicidad que pagaba el Gobierno del estado, así como
de la información oficial generada por las dependencias estatales. (…) El
mandatario (…) lograba cooptar a la mayoría de los medios de comunicación para
que funcionaran dentro de la estrategia de propaganda gubernamental».
Entre 2004 y 2008, el ejecutivo de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, gastó casi
50 millones de dólares en publicidad oficial, dice Espino en el artículo
«Gobernadores sin contrapesos. El control de los medios de comunicación locales».
Enrique Peña Nieto (Estado de México), otro mandatario de la época, también
estuvo en el ojo del huracán por los contratos exorbitantes celebrados con grupos
nacionales y locales. Como presidente, el mexiquense destinó un promedio de 5 mil
millones de pesos anuales en anuncios e imagen, sin incluir el pago a columnistas.
La disputa entre Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores se da en los
medios de comunicación. Sin embargo, el presidente sabe, por experiencia
propia, que el gasto elevado y desequilibrado en una prensa complaciente y
acrítica es la peor inversión. Peña Nieto llenó de dinero los bolsillos de sus aliados
mediáticos, apadrinó grupos —uno de ellos, Capital Media, de Estado de México,
con renovada presencia en Coahuila (Espacio 4, 646)—, castigó a las
publicaciones y espacios radiofónicos independientes, y al final su partido perdió
la presidencia. El ganador fue AMLO, y en la circunstancia actual también lo es.
Así lo dicen las encuestas y la intención de voto para las elecciones del 6 de junio.
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