El papel de los gobernadores en la primera alternancia lo desempeñan hoy los
medios de comunicación, pues la Conago funcionó con presidentes débiles
(Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto). Mientras a escala federal un amplio
sector de los mass media es adverso a Andrés Manuel López Obrador, quien los
descalifica y confronta en sus ruedas de prensa matutinas, la relación prensa-
gobierno en los estados está a partir de un piñón.
Fox y Calderón nunca tuvieron mayoría en las cámaras de Diputados y de
Senadores ni en los estados. Para aprobar reformas, leyes de ingresos y
presupuestos, dependían del PRI. Los gobernadores de esas siglas aprovecharon
el momento, no solo para conseguir ventajas económicas, políticas e impunidad,
sino también para sentar a uno de los suyos en la «silla del águila» (Enrique Peña
Nieto). Eso les permitió a los ejecutivos de todos los partidos acumular mayor
poder y ejercerlo a su arbitrio.
El bloque de gobernadores del PRI nunca desafió a Fox como lo hizo con
Calderón. La legitimidad del primero y el aura de haber vencido al «ogro
filantrópico» que sometió al país durante 71 años, los contuvo. Pero a medida
que Fox dilapidaba su capital político y exhibía sus limitaciones, los jefes políticos
de los estados reproducían en sus feudos el viejo modelo presidencial. El cambio
de partido en Los Pinos los liberó de todo tipo de ataduras y controles.
El desencanto con la alternancia PRI-PAN se manifiesto en las urnas. El viraje hacia
la izquierda, acicateado por el fracaso del neoliberalismo frente a la pobreza, la
inseguridad y la corrupción, parecía inminente en 2006. Empero, el cambio lo
frustró el supuesto fraude para imponer a Felipe Calderón. La diferencia de medio
punto porcentual entre el primero y el segundo lugar y las denuncias del candidato
opositor, Andrés Manuel López Obrador, dieron por resultado uno de los gobiernos
más débiles y condicionados.
Calderón asumió el poder endeudado políticamente con algunos gobernadores
—entre ellos Peña Nieto, de Estado de México— y caciques sindicales como Elba
Esther Gordillo (SNTE). Sin mayoría en el Congreso, con el fantasma del fraude
electoral sobre sus espaldas y la recesión económica de 2008-2009, aunada a la
epidemia de gripe A(H1N1), el segundo presidente emanado del PAN resultó
presa fácil para los gobernadores del PRI. La táctica del desgaste, en este caso,
funcionó: Calderón fue acusado del baño de sangre por la guerra contra la
delincuencia organizada, cuando los gobiernos locales son los responsables de la
seguridad pública y la mayoría de los asesinatos corresponden al fueron común
(estatal). Aun así, el panista terminó con una aprobación del 49%, de acuerdo
con una encuesta de BGC-Excélsior. Peña Nieto cerró con el 24% (Mitofsky).
No es casual que el gobernador más agresivo contra Calderón haya sido el de
Coahuila, Humberto Moreira, a quien Peña Nieto premió con la presidencia
nacional del PRI. Menos de un año después lo defenestró por el escándalo de
la deuda por más de 36 mil millones de pesos. Todavía prevalece la idea de
que una parte de los fondos fue desviado a la campaña peñista, cuyo costo
rondó los cinco mil millones cuando el tope legal era de 350 millones. Con
Peña en Los Pinos y un PAN adosado al PRI, los gobernadores hicieron su
agosto. La 4T empieza a abrir las cloacas en los estados. No es una caza de
brujas, como acusa el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
sino un acto de justicia largamente pospuesto. Por el mismo rasero deberá
medirse también a los gobernadores de Morena.
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