La declaración de procedencia de la Cámara de Diputados contra el gobernador
de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), acusado por la
Fiscalía General de la República (FGR) de delitos de corrupción, delincuencia
organizada y defraudación fiscal equiparada; la orden de un juez federal para
detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (PRI), bajo
cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y la investigación de la
FGR contra el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y su hija, la senadora
Sylvana Beltrones, es un mensaje de la Cuarta Transformación a los ejecutivos
locales —en funciones o en retiro—: «pongan sus barbas a remojar».
En el primer caso, porque el Congreso reasume una facultad cedida al
presidente de turno, quien la utilizó arbitrariamente para castigar o vengarse de
gobernadores contrarios a sus intereses (Carlos Salinas de Gortari separó del
cargo a 17). En el segundo, porque abre la posibilidad de encausar a Humberto
y Rubén Moreira Valdés, acusados de corrupción y vínculos con la delincuencia
organizada por Armando Guadiana, fundador de Claridad y Transparencia, y el
exsenador panista Luis Fernando Salazar. Y en el tercero, porque reabre
expedientes cerrados por la PGR en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña
Nieto para obstruir la justicia y proteger a dos exlíderes del PRI (Moreira y
Beltrones, exgobernadores de Coahuila y Sonora).
La pugna del sindicato de gobernadores con el presidente Andrés Manuel López
Obrador aparenta ser por mayores presupuestos y en defensa del federalismo,
pero su alcance y profundidad son mayores. De un lado, la 4T se propone romper
las estructuras de poder, corrupción e impunidad en los estados, cosa que
Vicente Fox no pudo, y Felipe Calderón y Enrique Peña ni siquiera intentaron, por
debilidad y falta de legitimidad; y de otro, una minoría de gobernadores busca no
solo preservar el «feuderalismo», sino consolidarlo. El modelo ha sido bastante
rentable para ellos y sus adláteres, pues les permite mantener el control político,
económico y social, designar candidatos para todos los cargos y decidir sus
propias sucesiones, pero resulta sumamente ruinoso para las entidades.
El temor de que López Obrador reinstaure la «presidencia imperial» (autoritaria)
que le permitió al PRI monopolizar el poder y ejercerlo sin contrapesos, es
fundado. Sin embargo, ante la falta de una autoridad superior que los someta,
como antes de la alternancia era el presidente, los gobernadores son césares en
sus estados. Su miedo consiste en perder privilegios y el control para tener en un
puño no solo a los poderes legislativo y judicial, sino también a los medios de
comunicación, al sector empresarial y a órganos cuya autonomía solo es nominal,
pues quedarían expuestos. Los sistemas estatales anticorrupción protegen el
flagelo en vez de combatirlo. La autodenominada Alianza Federalista (AF) trata a
toda costa de amurallar cada una de sus islas.
Los comicios del 6 de junio dirán si la 4T avanza su agenda para limitar las
gubernaturas imperiales o si estas ganan la partida e imponen condiciones sin
sacrificar nada a cambio, lo cual parece poco probable. La permanencia en la
Conago de 15 mandatarios del PRI y el PAN, algunos de regiones clave como
Estado de México y Querétaro, debilita a la AF y favorece al presidente. Los siete
gobernadores de Morena, entre ellos los de Ciudad de México, Veracruz y
Puebla, han cerrado filas con López Obrador.
El desdén de 22 gobernadores hacia la AF no es de balde. Morena encabeza la
intención de voto y no desean exponerse a ser investigados. Incluso críticos
pertinaces y severos de AMLO, como Jorge Suárez-Vélez, Luis Rubio y Sergio
Sarmiento (Reforma), aceptan a regañadientes que Morena podría ganar no solo el
Congreso, sino la mayoría de las 15 gubernaturas, los 30 congresos y los casi 2 mil
ayuntamientos en disputa. El triunfo del partido guinda no solo significaría el
fracaso de la AF, sino el eventual enjuiciamiento de algunos de sus integrantes. La
lista la encabeza Cabeza de Vaca.
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