Vislumbre de justicia

    Por Gerardo Hernández González

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    La declaración de procedencia de la Cámara de Diputados contra el gobernador
    de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), acusado por la
    Fiscalía General de la República (FGR) de delitos de corrupción, delincuencia
    organizada y defraudación fiscal equiparada; la orden de un juez federal para
    detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (PRI), bajo
    cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y la investigación de la
    FGR contra el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y su hija, la senadora
    Sylvana Beltrones, es un mensaje de la Cuarta Transformación a los ejecutivos
    locales —en funciones o en retiro—: «pongan sus barbas a remojar».
    En el primer caso, porque el Congreso reasume una facultad cedida al
    presidente de turno, quien la utilizó arbitrariamente para castigar o vengarse de
    gobernadores contrarios a sus intereses (Carlos Salinas de Gortari separó del
    cargo a 17). En el segundo, porque abre la posibilidad de encausar a Humberto
    y Rubén Moreira Valdés, acusados de corrupción y vínculos con la delincuencia
    organizada por Armando Guadiana, fundador de Claridad y Transparencia, y el
    exsenador panista Luis Fernando Salazar. Y en el tercero, porque reabre
    expedientes cerrados por la PGR en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña
    Nieto para obstruir la justicia y proteger a dos exlíderes del PRI (Moreira y
    Beltrones, exgobernadores de Coahuila y Sonora).
    La pugna del sindicato de gobernadores con el presidente Andrés Manuel López
    Obrador aparenta ser por mayores presupuestos y en defensa del federalismo,
    pero su alcance y profundidad son mayores. De un lado, la 4T se propone romper
    las estructuras de poder, corrupción e impunidad en los estados, cosa que
    Vicente Fox no pudo, y Felipe Calderón y Enrique Peña ni siquiera intentaron, por
    debilidad y falta de legitimidad; y de otro, una minoría de gobernadores busca no
    solo preservar el «feuderalismo», sino consolidarlo. El modelo ha sido bastante
    rentable para ellos y sus adláteres, pues les permite mantener el control político,
    económico y social, designar candidatos para todos los cargos y decidir sus
    propias sucesiones, pero resulta sumamente ruinoso para las entidades.
    El temor de que López Obrador reinstaure la «presidencia imperial» (autoritaria)
    que le permitió al PRI monopolizar el poder y ejercerlo sin contrapesos, es
    fundado. Sin embargo, ante la falta de una autoridad superior que los someta,
    como antes de la alternancia era el presidente, los gobernadores son césares en
    sus estados. Su miedo consiste en perder privilegios y el control para tener en un
    puño no solo a los poderes legislativo y judicial, sino también a los medios de
    comunicación, al sector empresarial y a órganos cuya autonomía solo es nominal,
    ​pues quedarían expuestos. Los sistemas estatales anticorrupción protegen el
    flagelo en vez de combatirlo. La autodenominada Alianza Federalista (AF) trata a
    toda costa de amurallar cada una de sus islas.
    Los comicios del 6 de junio dirán si la 4T avanza su agenda para limitar las
    gubernaturas imperiales o si estas ganan la partida e imponen condiciones sin
    sacrificar nada a cambio, lo cual parece poco probable. La permanencia en la
    Conago de 15 mandatarios del PRI y el PAN, algunos de regiones clave como
    Estado de México y Querétaro, debilita a la AF y favorece al presidente. Los siete
    gobernadores de Morena, entre ellos los de Ciudad de México, Veracruz y
    Puebla, han cerrado filas con López Obrador.
    El desdén de 22 gobernadores hacia la AF no es de balde. Morena encabeza la
    intención de voto y no desean exponerse a ser investigados. Incluso críticos
    pertinaces y severos de AMLO, como Jorge Suárez-Vélez, Luis Rubio y Sergio
    Sarmiento (Reforma), aceptan a regañadientes que Morena podría ganar no solo el
    Congreso, sino la mayoría de las 15 gubernaturas, los 30 congresos y los casi 2 mil
    ayuntamientos en disputa. El triunfo del partido guinda no solo significaría el
    fracaso de la AF, sino el eventual enjuiciamiento de algunos de sus integrantes. La
    lista la encabeza Cabeza de Vaca.
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