Es cierto, si todos los políticos y funcionarios venales fueran enjuiciados, faltarían cárceles. Empero, con solo uno de ellos en prisión se satisfaría el clamor de justicia de millones de mexicanos: Enrique Peña Nieto.
El presidente López Obrador se comprometió a combatir la corrupción y la impunidad, y ha cumplido. No al ritmo ni con las figuras más nefastas, pero sí con algunos de los intocables de los últimos sexenios, beneficiarios del “capitalismo de compadres” implantado en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Los primeros encausados son Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México y uno de los empresarios más influyentes del país, según la revista Líderes Mexicanos; el abogado Juan Ramón Collado, entre cuyos clientes figuran el expresidente Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva y el exlíder panista Diego Fernández de Cevallos; y la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.
Excepto Ancira, quien enfrenta en libertad el proceso para su extradición de España a México, los demás están presos. El exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el litigante Javier Coello Trejo podrían hacerles compañía.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda también detectó presuntas irregularidades en las cuentas de José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Vargas reportó ingresos por 1.7 millones de pesos en 2013, cuando era abogado electoral, y en 2017, ya en el Tribunal, declaró 7.2 millones de pesos (Reforma, 28.09.19). La responsable de investigar el caso es la Fiscalía General de la República (FGR), dijo AMLO.
No es la primera vez que se habla de corrupción, tráfico de influencias y venta de sentencias en el TEPJF para anular o validar elecciones impugnadas. La crisis en el Tribunal “se gestó cuando el PRI y sus aliados decidieron ampliar los periodos de cuatro magistrados, incluyendo al propio Vargas”», declaró Eduardo Huchim, periodista y exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal a Aristegui Noticias (29.09.19).
Sin embargo, el ícono de la corrupción neoliberal más codiciado hasta el momento es Emilio Lozoya Austin. El exdirector de Pemex habría recibido sobornos por 10 millones de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht y de la contratista española OHL.
El Gobierno congeló sus cuentas y la Interpol le pisa los talones. La FGR lo acusa de pagar sobreprecios de cientos de millones de dólares en la compra de Fertinal y Agro Nitrogenados; la segunda planta, adquirida a Altos Hornos de México, además era chatarra.
Gilda Margarita Austin Solís, madre de Emilio Lozoya, fue detenida el 23 de julio por la Interpol en Alemania, donde vacacionaba con sus nietos, y extraditada a México el 2 de noviembre. Enfrenta cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.
La mujer, de 71 años, habría recibido alrededor de 7 millones de pesos entre 2010 y 2012 como parte de los sobornos pagados a su hijo por Odebrecht. El exdirector de Pemex caerá en manos de la justicia tarde o temprano. El siguiente debe ser Peña Nieto, jefe de la banda. Si la 4T y su líder AMLO dan ese paso, harán historia.
