El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso otorgar recursos del Fondo Minero al mantenimiento de escuelas públicas en regiones donde apliquen estos beneficios, con esto, elimina el reparto de dichos recursos a los municipios.
El titular del Ejecutivo planteó que hay controversias legales sobre el uso que se debe dar al Fondo que se obtiene de los impuestos que se cobran a las empresas mineras.
En Coahuila hay al menos 8 municipios dentro de este rubro, incluyendo a Monclova y los tres de la Región Carbonífera.
Recordó que durante años las empresas mineras no pagaron impuestos y que fue recientemente que se pudo conformar el Fondo Minero que actualmente sigue acumulándose.
Relató que cuando empezó la política privatizadora o “neoporfirista” se empezaron a entregar a empresas mineras grandes extensiones del territorio.
Las empresas mineras fueron beneficiadas con exenciones fiscales.
La propuesta de López Obrador es que en las zonas donde aplique el Fondo Minero, los recursos necesarios para dar mantenimiento a las escuelas públicas se entreguen directamente a los padres de familia.
Por otra parte, la Secretaría de Economía informó que los estados, los municipios y las empresas ya no participarán en las decisiones sobre cómo se aplicarán los recursos del Fondo Minero, una facultad que ahora sólo recaerán en el gobierno federal.
“Entendemos que el enfoque que prefieren algunos mandatarios es que el Fondo Minero se ejerza a través de los gobiernos estatales y municipales. Entendemos su posición. Pero la posición del gobierno federal es ejercerlo de manera directa, sin intermediarios, para que llegue directamente a quien tiene que llegar”, dijo el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga.
La Secretaría de Hacienda cobra desde el 2014 nuevas contribuciones derivadas de la reforma al régimen fiscal de la minería, con la Nueva Ley Federal de Derechos. Esos ingresos se destinan al Fondo Minero, que podría contar con 3,600 millones de pesos en el 2019, de acuerdo con estimaciones de Quiroga.
Según la Administración pasada del gobierno federal, la última reforma fiscal incluyó el establecimiento de derechos adicionales aplicables a la minería, diseñados con el objetivo de permitir al Estado recaudar de forma más eficiente y en proporción al valor económico generado. Con los cambios, se creó el derecho especial de 7.5% a la utilidad neta por la enajenación o venta de la actividad extractiva y el derecho extraordinario sobre minería, correspondiente a 0.5% sobre los ingresos por enajenación del oro, plata y platino.
“(Quiroga) explicó que, con anterioridad, las obras donde se aplicaba el Fondo Minero se decidían en un comité con representación de los tres ámbitos de gobierno y las compañías mineras, pero, en lo sucesivo, los proyectos a apoyar los decidiría y aplicaría el gobierno federal”, difundió la Secretaría de Economía a través de un comunicado de prensa.
Los recursos se destinarán a proyectos productivos en los municipios con vocación y actividad minera, también reiteró la apertura al diálogo por parte del gobierno federal y señaló que las reglas de operación del manejo de este fondo aún no han sido publicadas.
De 100% recaudado por el pago de los derechos especial, adicional y extraordinario, 20% se queda en la Federación, 2.5% se canaliza a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y con 77.5% restante se integra el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (37.5% para los estados y 62.5% para Municipios donde se realiza la extracción minera).
La distribución del fondo se calcula con base en el valor de la actividad extractiva municipal y nacional (artículo 275 de la Ley Federal de Derechos), con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera a través de inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.
