La ampliación a cinco años del gobierno de Javier Bonilla Valdez, en Baja California, hasta ahora solo existe en el papel. Para cuando el exsenador de Morena asuma el poder, el 1 de noviembre próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya debió haber resuelto que el cargo solo podrá desempeñarlo por dos años, de acuerdo con en el decreto publicado el 17 de octubre de 2014, cuyo transitorio octavo advierte:
“Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.
La resolución se modificó el pasado 8 de julio para prolongar el Gobierno de Bonilla a cinco años, cuando ya había sido electo, sin cumplir los trámites parlamentarios del caso ni tomar en cuenta la Constitución general. Quince días después, en una sesión al vapor celebrada secretamente en la presidencia municipal de Playas de Rosarito, el anterior Congreso, de mayoría panista, ratificó la decisión.
La XXIII legislatura local entró en funciones el 1 de agosto, entre protestas por la “Ley Bonilla”, con un dominio aplastante de Morena (13 diputados) y sus satélites PT (dos), Verde (una) y Transformemos (otra). El resto de las curules las ocupan el PAN (cuatro), el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido de Baja California (una cada uno). Después de su negativa inicial, el gobernador panista Francisco Vega publicará la reforma en el Periódico Oficial “bajo protesta” para que puedan interponerse los juicios de inconstitucionalidad.
El golpe al estado de derecho en Baja California ha sido censurado por las oposiciones, los diputados de Morena Tatiana Clouthier, quien coordinó la campaña de López Obrador, y Gerardo Fernández Noroña, así como por líderes históricos de la izquierda. El tres veces excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas alertó sobre las implicaciones de la medida: “sería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia del mandato que podría recibir cualquier funcionario electo” (El Universal, 12.07.19).
Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala aprovecharon para golpear a su expartido y llevar agua a su molino. “Los diputados del Partido @AcciónNacional apoyaron esta medida votando a favor. Lo dicho, el PAN desgraciadamente ya no tiene remedio. Por eso hay que unirnos en @MexLibre_ (…)”, publicó el expresidente en su cuenta de Twitter, el 9 de julio. Zavala reforzó: “Lo que hizo el Congreso de Baja California, al aprobar la ampliación del período del gobernador a 5 años en favor del gobernador @Jaime_BonillaV, es absolutamente anticonstitucional: los ciudadanos votaron por un gobernador de dos años. Es una agresión al sistema democrático”.
Prolongar el Gobierno de Bonilla equivaldría a una reelección sin votaciones, lo cual es a toda luz improcedente. Baja California ha puesto en el ojo del huracán al presidente López Obrador, quien, con un documento notarial sin validez para el caso, pretende convencer al país de que no buscará despachar en Palacio Nacional después de 2024. La solución del conflicto está en mano de AMLO. Bastaría con disciplinar a Bonilla y a sus diputados. Si no lo hace él, lo hará la Corte. Incluso Muñoz Ledo propuso desaparecer los poderes del estado por violar la Constitución.
