Rosario Robles, la apuesta de la fiscalía

    Por Arturo Rodríguez García

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    El caso contra Rosario Robles, lance legal que por primera vez en la historia política moderna colocó a una exsecretaria de Estado en la cárcel, así sea de manera preventiva, deja aun la sensación de eventual impunidad, una opinión más o menos generalizada de que, como ocurrió con casos como el de Elba Esther Gordillo, se resolverá en libertad, bajo la idea de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logre acreditar más delitos de aquel por el que la tiene en prisión o incurra en errores que violen garantías de la exfuncionaria.

    La apuesta de la fiscalía –que aun siendo autónoma, inevitablemente es asociada con el rumbo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador centrado discursivamente en erradicar la corrupción— es a la ampliación de imputaciones, una suerte de, digamos,  caso buscador que surtió efectos tempranos.

    La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), testificó en su defensa lo que se esperaba tardara: el conocimiento del expresidente Enrique Peña Nieto de un esquema de desvío de recursos por más de 5 mil millones, así como de José Antonio Meade, quien la relevó en la dependencia y sería el candidato del PRI a la Presidencia en 2018, José Antonio Meade Kuribreña.

    Para esto, la elite del peñanietismo ya afrontaba otros casos: los generales Sócrates Herrera y León Trawitz, por robo de combustible, este último cercanísimo al expresidente pues tuvo a su cargo su seguridad personal entre 2005 y la campaña presidencial; el de Fertimex, que persigue al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y, aparentemente el del abogado Juan Collado. Pero ninguno de esos asuntos implicaba directamente a alguien del gabinete legal y, aun con las muchas sospechas, ninguno por lo pronto, al expresidente.

    Por esa dimensión, el caso pasó por las manos del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, antes de que la petición de audiencia se gestionara al juez el 25 de julio. La indagación había iniciado con sigilo la tercera semana de enero, cuando la FGR solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que remitiera los informes en que fundaron la denuncia, pues las carpetas de investigación heredadas de la gestión de Alberto Elías Beltrán, estaban en absoluto desorden y, prácticamente, congeladas.

    El equipo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, debía superar las taras de la especialización del esquema de desvío, perpetrado durante la titularidad de Robles en la Sedesol y la Sedatu. Fue entonces cuando un equipo de la ASF, como denunciante, se sumó a la integración de la carpeta de investigación.

    Una segunda barrera se imponía por las cuentas concentradoras a partir de las cuales era difícil establecer las rutas del dinero. Así fue como la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda se involucró en el asunto, aunque la fiscalía cuidó que su titular, Santiago Nieto Castillo, evitara saber los tiempos y estrategias, por temor a que, como ocurrió con el caso de Emilio Lozoya, se anticipara en medios a la audiencia de imputación.

    Con los datos ya integrados y autorizada la audiencia, comenzó la encerrona el 1 de agosto: el equipo de la FGR y otros diez empleados de la ASF, repasaron todas las estrategias posibles de la defensa de Rosario –que estimaban integraría a dos despachos y una veintena de abogados– a fin de llegar preparados a la audiencia de imputación. De algún modo la defensa lo supo, por lo que el miércoles 7, previo a la diligencia, la defensa de Rosario intentó mediante un amparo, sacar a la ASF del caso de tal suerte que parecía,  “traían preparado el sketch para dejarla en prisión”, como afirmo el defensor Julio Hernández Barros.

    La estrategia de la FGR funcionó y, en lugar de imputarle el desvío de más de 5 mil millones de pesos, optó –como se comentó en este espacio el pasado lunes– por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de no informar a su superior jerárquico que, como anticipaba el semanario Proceso, apuntaba a la implicación de Peña Nieto.

    Santiago Nieto no resistió la tentación de anunciar que estaba ya integrando una denuncia. Tan proclive a los reflectores, había quedado sin protagonismo en el caso de más alto impacto hasta ahora para el peñanietismo y del primero que coloca al expresidente ante la eventualidad de ser citado.

    Si Rosario ya quedó interna en Santa Martha Acatitla, el mensaje es a los implicados de menor nivel jerárquico para que acepten declarar a cambio de beneficios, e inclusive, reducción de sentencias.

    La FGR, se juega en este caso –estimado para dos años de acciones– su prestigio, que depende de evitar la impunidad y los errores procedimentales a los que la instancia, históricamente, nos tiene acostumbrados.

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