Al moreirato no le bastó endilgarle a Coahuila una deuda superior a los 38 mil millones de pesos. La codicia era tal que el gobierno de Rubén Moreira, además de elevar los pasivos, utilizó otros medios para distraer recursos del erario. El año pasado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó denuncias penales por el desvío de 475 millones a 13 empresas fantasma, incluidos 65 millones no comprobados por la Secretaría de Salud. Hasta hoy, el Sistema Estatal Anticorrupción no ha movido un dedo para proceder contra los responsables.
Riviera Álamo, una de las firmas fachada —propiedad del esposo de la exsecretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis—, recibió 71 millones de pesos. Las otras son Asha Consultores Especializados, Centro de Especialidades Corporativas, Distribuidora Universal Tobosa, Comercializadora Vilansa, Constructora y Comercializadora Sara, Consultora Murano, Consultorías Bardo, Grupo SJ3, Hotelería y Alimentos GRF, Nuberia Comercial, Operadora de Negocios EGEO y Consultoría Integral Vilsel.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó el 26 de junio pasado que la administración de Rubén Moreira «asignó un contrato a PLC Servicios por 3.8 millones de pesos». Una bagatela frente a las irregularidades denunciadas por la ASE. Lo relevante es que PLC Servicios figura entre las empresas utilizadas por Odebrecht para sobornar a políticos.
«Nuevos documentos del caso Odebrecht, (…) extraídos de una plataforma secreta de la constructora brasileña, revelan la transferencia encubierta de 13 millones de dólares del llamado Departamento de Sobornos a cuatro empresas mexicanas, presuntamente para corromper en México y en otros países como Ecuador y Guatemala. Dos de esas supuestas intermediarias de Odebrecht (PLC Servicios y TTG Asociados) han sido declaradas este año por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas “fantasma” (…). Una de ellas recibió contratos por casi 180 millones de pesos en el anterior sexenio, en instancias del gobierno que encabezaban colaboradores de primer nivel del exmandatario Enrique Peña Nieto», dice MCCI.
Los 13 millones de dólares son adicionales a los 10 millones pagados al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre 2012 y 2014, confesaron exfuncionarios de Odebrecht ante los fiscales del caso. PLC Servicios se registró como proveedora de «servicios profesionales, científicos y técnicos». Sin embargo, fue por supuestos trabajos de lavandería y limpieza por los cuales recibió 172 millones de pesos del gobierno del Estado de México; 3.8 millones del de Coahuila y tres millones del SAT (Hacienda) en las gestiones de Alfredo del Mazo, Rubén Moreira y Luis Videgaray.
La información proviene de archivos «extraídos del sistema secreto Drousys, desarrollado por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para ocultar pagos ilegales, como sobornos y financiamiento de campañas políticas», advierte MCCI en el documento titulado «Las corruptoras mexicanas de Odebrecht».
En medio de la desaseada campaña del PRI para elegir a su futuro presidente, el nombre de Rubén Moreira, cuya esposa Carolina Viggiano aspira a la secretaria general, surge, cual pájaro de mal agüero, en un escándalo internacional de corrupción investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina. «El que tenga oídos, que oiga» (Mateo 13:1-9).
