Luis Echeverría y José López Portillo sumían al país en la zozobra cada 1 de septiembre. En esa fecha, bautizada como “El Día del Presidente”, el Ejecutivo federal informaba a los mexicanos sobre el estado de la Administración pública. Las sesiones del Congreso –desaparecidas ya para ese propósito– eran maratónicas. Desde “la más alta tribuna de la nación”, Echeverría se envolvía en la bandera, retaba a los empresarios y abanderaba al tercer mundo. Sus delirios provocaron las primeras crisis.
El 1 de septiembre de 1982, López Portillo lloró por “haberle fallado a los pobres” y para “compensarlos” nacionalizó la banca. “¡Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear!”, sentenció en su último informe. Salinas de Gortari reprivatizó las instituciones de crédito; Ernesto Zedillo las rescató y después pasaron a manos de extranjeros. En un desplegado tipo crónica sobre el tema, Amparo Espinosa Rugarcía, hija del accionista mayoritario de Bancomer, Manuel Espinosa Yglesias, narra cómo se escribió “la historia de una de las empresas nacionales más exitosas de nuestro país”.
“Una historia que –dice–, de no haber ocurrido la expropiación bancaria del 82, bien podría haberse escrito al revés, y quizá hoy estaríamos viendo a Bancomer comprar BBVA y desaparecer sus siglas”. Y es que este año –denuncia– los inversionistas españoles suprimieron de sus iniciales el nombre de Bancomer. “La joya de la corona, el banco mexicano que le reporta más utilidades que su matriz –mismas que en buena medida repatria– ostenta desde ahora, solo las siglas del banco español” (Reforma, 21-06-19).
Si los actos de un ciudadano común tienen consecuencias, el efecto de las decisiones tomadas por el hombre más poderoso del país –el Presidente– es mayor, pues perduran y afectan a varias generaciones, máxime cuando son arbitrarias. Los informes presidenciales dejaron de rendirse ante el Congreso en 2008 –segundo año del Gobierno de Felipe Calderón–, pero, ya desde antes, el 1 de septiembre había dejado de ser “día de tormenta”.
Sin embargo, con López Obrador la incertidumbre se apodera del país todos los días, en cada conferencia mañanera y en cada gira por los estados. El Presidente despotrica lo mismo contra medios de comunicación y periodistas críticos, que contra empresarios, sociedad civil y organismos autónomos. Igual ahorca financieramente a instituciones de salud, ciencia y cultura, que abre la billetera para obras inviables como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y los subsidios clientelares de la Cuarta Transformación. Con la misma facilidad cancela rondas petroleras y desacredita a las calificadoras, que fija crecimientos del PIB inalcanzables. Y, para más inri, perdona a los corruptos cuyos capitales ofreció devolver a las arcas nacionales. En Coahuila, la deuda y las empresas fantasma fabricaron nuevos ricos.
Querer resolverlo todo con base en consultas amañadas, algunas de las cuales las decide solo él, reflejan autoritarismo, incapacidad y miedo. El mensaje es: las equivocaciones son del pueblo y los aciertos míos. El Presidente gobierna con la vista puesta en el retrovisor en una autopista sin límites de velocidad. El primer choque ha sido con el muro de la realidad. Las bases para una nueva crisis, que nadie desea, están sentadas. AMLO podría salvarla si corrige; si no, pasará a la historia junto con Echeverría, López Portillo, Salinas de Gortari y Peña Nieto.
