De acuerdo con la investigación “Las corruptoras mexicanas de Odebrecht”, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la administración estatal anterior asignó un contrato por 3.8 millones de pesos a PLC Servicios SA de CV, empresa señala como intermediaria del Departamento de Sobornos de Odebrecht.
Según el artículo del periodista Raúl Olmos, PLC Servicios inscribió su actividad ante las autoridades fiscales mexicanas como “Servicios profesionales, científicos y técnicos”. Sin embargo, recibió en el sexenio anterior pagos por casi 180 millones de pesos de dos dependencias federales y dos gobiernos estatales por supuestos servicios de “limpieza” y “lavandería”, de acuerdo con contratos obtenidos y revisados por MCCI.
El reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad forma parte de una investigación transnacional denominada “División Sobornos”, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Sobre PLC Servicios, MCCI destaca que en diciembre de 2013 recibió del SAT un contrato para limpieza de sus oficinas, en sociedad con Met Limpieza, por tres millones 79 mil pesos.
“En ese momento, el titular del SAT era Aristóteles Núñez y el secretario de Hacienda Luis Videgaray. “Pero los mayores beneficios a la presunta intermediaria de Odebrecht los otorgó la administración del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Entre diciembre de 2017 y agosto de 2018, le pagó a PLC Servicios 172 millones de pesos en un contrato que tuvo tres ampliaciones consecutivas”, expone el trabajo periodístico.
En general, el artículo de MCCI revela que nuevos documentos del caso Odebrecht, extraídos de una plataforma secreta de la constructora brasileña (Drousys), exhiben transferencias encubiertas de 13 millones de dólares del denominado “Departamento de Sobornos” de la constructora a cuatro empresas mexicanas, presuntamente para corromper a autoridades en México y otros países como Ecuador y Guatemala.
El hallazgo forma parte de una trama de corrupción más amplia de la empresa brasileña en México, que salpica a políticos que hasta ahora no habían sido mencionados.
“Dos de esas supuestas intermediarias de Odebrecht han sido declaradas este año por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas ‘fantasma’, al demostrarse que simulaban operaciones.
Una de ellas recibió contratos por casi 180 millones de pesos en el anterior sexenio, en instancias de gobierno que encabezaban colaboradores de primer nivel del exmandatario Enrique Peña Nieto.
Los 13 millones de dólares transferidos por el Departamento de Sobornos por medio de estas intermediarias son distintos a los 10 millones de dólares que ex ejecutivos de Odebrecht han confesado que pagaron entre 2012 y 2014 a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien permanece prófugo y ha negado esas acusaciones”, informó MCCI.
En ese sentido, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aclara que los documentos fueron obtenidos por medio de La Posta de Ecuador y compartidos con el ICIJ para su análisis.
“Estos archivos fueron también conseguidos por separado por el medio ecuatoriano Mil Hojas, que también se sumó al proyecto”, apunta.
Según ha declarado el fiscal del caso Lava Jato, Orlando Martelo, el sistema encriptado Drousys registraba exclusivamente pagos ilícitos y era utilizado para ocultar sobornos o financiamiento electoral.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht ha confesado que la División de Operaciones Estructuradas “funcionó efectivamente como un departamento de sobornos”. Y esa área fue la que desarrolló y manejó la plataforma Drousys, a la que se tuvo acceso por primera vez.
Con información de Vanguardia
