Neoliberalismo y corrupción son, para Andrés Manuel López Obrador, siameses, y la impunidad, su tutora. El mes pasado, el Gobierno emprendió acciones tendientes a romper ese círculo vicioso y suprimir el régimen de privilegios: el SAT reveló que en los dos últimos sexenios se condonaron impuestos por 400 mil millones de pesos a grandes contribuyentes; el Presidente renunció a la facultad de perdonar tributos; Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), fue detenido en España, y se ordenó la aprehensión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Ambos son cercanos a los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña.
AMLO ofreció no desatar una caza de brujas, pues “no habría juzgados ni cárceles suficientes”. Sin embargo, 30 millones de mexicanos votaron por su promesa de castigar a los corruptos. La amnistía a quienes se apropiaron de bienes y recursos públicos causó enfado e incubó la idea de un pacto entre AMLO y Peña Nieto. Sin embargo, el tabasqueño es hombre astuto. La clave de las actuaciones contra Ancira y Lozoya se encuentran en el discurso inaugural del Presidente: “la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años sino también por el predominio (…) de la más inmunda corrupción pública y privada”.
“En el periodo neoliberal —dijo López Obrador— la corrupción se convirtió en la principal función del poder político”, y resumió en una frase el plan del nuevo Gobierno: “acabar con la corrupción y con la impunidad”. Para diferenciarse de Salinas de Gortari y de Peña Nieto, quienes –al principio de sus respectivos gobiernos– pusieron entre rejas al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia y a la cacique del SNTE, Elba Esther Gordillo, en venganza por haber apoyado a otros candidatos, advirtió que iniciaría su gestión “sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación”.
El Presidente hizo una insinuación: “si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios (…) y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado”. Medio año después, dos de la cúpula neoliberal del PRI –Ancira y Lozoya– ocupaban las primeras planas de los diarios: uno esposado por la policía de España y otro fichado por la Interpol.
“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y violencia que padecemos”, remarcó AMLO ya con la banda tricolor ceñida al pecho.
El proceso contra el presidente de AHMSA y el exdirector de Pemex, por la venta de una planta chatarra (Nitrogenados) a la petrolera, con un sobreprecio de 67%, los puso en la órbita del caso Odebrecht, la constructora de Brasil acusada de sobornar a políticos, presidentes y empresarios de América Latina para obtener contratos. El escándalo se destapó en el sexenio de Peña Nieto, pero la PGR hizo mutis.
AMLO puede cambiar la imagen del país en el mundo y de mejorar su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. En la clasificación de 2018, México aparece en el lugar 138 de 180 países, empatado con Guinea, Irán, Líbano, Papúa Nueva Guinea y Rusia. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 plantea reducir la corrupción en un 53%; para lograrlo, la condición es empezar por castigarla. Los casos de Ancira y Lozoya, por sus nexos con Salinas y con Peña, apuntan en esa dirección.
