Entre el final del sexenio de Tomás Yarrington y su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de contrabando de drogas, lavado de dinero, fraude y delincuencia organizada, entre otros delitos, transcurrieron 13 años.
El exgobernador de Tamaulipas y aspirante presidencial en la sucesión de 2006 fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017. Quince meses atrás, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España detuvo en el aeropuerto de Barajas al exlíder del PRI, Humberto Moreira, «bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos públicos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011). (…) Según fuentes (…) la justicia española ha actuado a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo de Coahuila» ( El País , 15.01.16).
La justicia de Estados Unidos tiene otro ritmo, pero al final actúa; lo mismo contra terroristas y narcotraficantes que contra empresarios y políticos corruptos, sean presidentes o gobernadores. En México, el sistema judicial fue diseñado para encubrir a los poderosos y castigar a los débiles. El 22 de marzo de 2016 —dos meses después de la liberación de Humberto Moreira, con el apoyo del presidente Peña Nieto y del gobierno de Coahuila— la
Policía Nacional detuvo en Madrid al empresario lagunero y presunto operador de Los Zetas en Europa, Juan Manuel Muñoz Luévano, a quien se vincula con Humberto y Rubén Moreira, diputados, alcaldes y funcionarios municipales y estatales.
Apenas el 17 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a su lista al exgobernador priista de Nayarit. «(Roberto) Sandoval Castañeda ha participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación)» ( Reforma, 18.05.19).
En México, mientras se preparan las denuncias contra el exmandatario, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, bloqueó cuentas por 70 millones de pesos a 42
personas, entre ellas a Sandoval y al magistrado federal Isidro Avalar Gutiérrez.
Sandoval, quien, como Humberto Moreira en Coahuila, fue alcalde de la capital antes de ser gobernador, pertenece a la misma generación de Peña Nieto, Javier Duarte, Roberto Borge (presos) y César Duarte (prófugo), Tomás Yarrington. Eugenio Hernández, exmandatario de Tamaulipas, también se encuentra en proceso de extradición a Estados Unidos por peculado, lavado de dinero y otros crímenes. Sin embargo, la atención se centra ahora en
Moreira, sobre todo, después de la declaración de culpabilidad de Muñoz
Luévano y de su papel de testigo protegido.
En la clase política existe pánico por los alcances de las investigaciones realizadas en Estados Unidos desde hace varios años. Con el producto de la malversación de caudales públicos y los sobornos del narcotráfico se tejió una red para lavar dinero, la cual está plenamente identificada por las autoridades. Las declaraciones de operadores de Los Zetas, exfuncionarios y empresarios, en la corte de Texas, apuntan en la misma dirección. Gran parte de la hacienda de Coahuila sirvió para improvisar fortunas personales. El gobierno de López Obrador colabora con el de Estados Unidos para evitar que el caso Coahuila permanezca impune por más tiempo.
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