Se necesita ser muy caradura para lanzar, desde la incompetencia y la complicidad, anatemas contra la única institución que ha denunciado penalmente al gobierno de los Moreira por la contratación irregular de deuda pública y el desvío de recursos a empresas fantasma, dentro de los márgenes estrechos que le permite la ley para inhibir la corrupción, arraigada durante el docenio trágico. Investigar y encausar la sustracción de caudales corresponde a las fiscalías General del Estado y a la Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, cuya pasividad mueve a la sospecha.
Atacar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) se ha convertido en el deporte preferido de agentes políticos que buscan, en la descalificación, atraer reflectores y ocultar su ignorancia y falta de compromiso con la sociedad. La fracción parlamentaria del PAN acusó al organismo de omisiones en la cuenta pública de 2017 (penúltimo año del gobierno de Rubén Moreira Valdez). Si las hay, existen procedimientos para sancionar a los responsables, pero en su lugar prefieren litigarlas a través de los medios de comunicación.
En la columna Salvar El Pellejo (Espacio 4, 610) se lee:
“Rubén Moreira terminó la obra iniciada por su hermano Humberto seis años atrás: devastar a Coahuila, solo que, en su caso, con mayor perversidad e insania. Moreira II no tiene problemas en el estado, pues la mayoría de los diputados del PRI fueron antes sus empleados (…). El Poder Judicial está a sus pies: los magistrados Homero Ramos Gloria, Iván Garza y otros que soportaron humillaciones y bajezas, tienen ahora la encomienda de cuidar a su jefe en el organismo encargado de impartir justicia.
“El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) también es obra suya. Con la aquiescencia de la anterior legislatura, dominada por el PRI, marcó los ritmos y los tiempos de la farsa. Moreira II nombró a incondicionales suyos y de su hermano para jamás ser investigados. Es insultante e inadmisible que uno de los estados donde se han registrado escándalos de corrupción de alcance internacional y posee una de las mayores deudas per cápita, aún no tenga entre rejas a quienes vaciaron las arcas para construir fortunas personales a costa del empobrecimiento de millares de familias.
“El SEA es un monumento a la simulación, dedicado, en todos sus niveles, a devorar recursos públicos sin ton ni son, a tender cortinas de humo y a perpetuar la impunidad. Para llamar a cuentas a los responsables del saqueo del estado, no solo se requiere valor, sino autoridad moral. El tamaño de la responsabilidad abruma e intimida al fiscal anticorrupción (…). Prefiere pasar por cómplice –al fin son legiones– que ponerse a la altura de las circunstancias y del clamor social de justicia”.
Casi dos años después de haber sido impuesto por la aplanadora del PRI en el Congreso –con el voto en contra de los diputados del PAN, la UDC y el PPC, por su tufo moreirista–, el zar anticorrupción, Jesús Flores Mier, lo único que ha ofrecido son excusas. Aferrado a la sinecura, el fiscal reparte culpas para desviar la atención, eludir su responsabilidad y proteger a quienes deberían estar en prisión. El SEA fue diseñado por quienes endeudaron a Coahuila y desviaron cientos de millones de pesos más a empresas fachada, no para echarse la soga al cuello, sino para jamás ser castigados. En ese sentido, el desempeño de Flores ha sido ejemplar.
