El presidente López Obrador se halla atrapado en su laberinto retórico. El Índice de la Paz 2018 del Instituto de Economía y Paz (IEP) ubicó a México en el lugar 140 —de 163 países—, por debajo de Irán e India y ligeramente arriba de Palestina, Venezuela y Colombia. El nivel de seguridad de México es «bajo», según la clasificación. Entre los países más peligrosos del mundo figuran Siria, Afganistán e Irak. En el gobierno de Peña Nieto, la cifra de homicidios dolosos rondó los 125 mil y en el de Calderón los 103 mil, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año más violento fue 2018 con 33 mil 341 víctimas.
Para el Semáforo Delictivo, los ocho mil 493 homicidios registrados en el periodo enero-marzo son un mal augurio. No obstante que el presidente López Obrador «ha declarado el fin de la guerra que se inició en el 2008 y a pesar de que su Plan de Paz y de Seguridad contempla la regulación de drogas como estrategia de reducción de daños, la guerra contra el mercado de drogas continúa, y con ella, el incremento de los homicidios», apunta.
Santiago Roel, director del proyecto cuya función consiste en «promover el buen gobierno mediante la presión ciudadana organizada e informada», advierte: «De continuar así la tendencia, de seguir con esta guerra, este año será el peor que cualquier otro que hayamos vivido». El Semáforo Delictivo es el tipo de organizaciones que incomodan al presidente. AMLO ha refutado incluso las estadísticas oficiales sobre la violencia en los primeros meses de su administración.
La mayor escalada proviene de «las ejecuciones en el mercado negro de drogas». Roel insiste que «mientras no se regulen algunas drogas como la cannabis o la amapola, México seguirá en una tendencia a la violencia alcista. Los mercados no se combaten con fuerza sino con inteligencia económica». La Guardia Nacional —dice— «puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios porque estos siguen una lógica de lucha por territorios que no se acaba con la presencia de policías, sino con la eliminación del mercado negro a través de la regulación».
AMLO no prometió, como Fox con respecto al alzamiento del EZLN en Chiapas, resolver la violencia «en 15 minutos», pero tras las matanzas en Guanajuato, Veracruz, Jalisco y otras entidades, ofreció resultados en los próximos seis meses, plazo demasiado corto frente a la gravedad del fenómeno. Para abatir la violencia se necesitan, mínimo, dos años. El presidente culpa a los gobiernos de Calderón y Peña de la situación. «Vamos a mejorar todo lo que está sucediendo. Nos entregaron un país en crisis, un cochinero, pero lo estamos limpiando».
Según el Semáforo Delictivo, además de los homicidios dolosos, cuyo incremento fue de 10% en relación con el mismo periodo de 2018, en el primer trimestre del año también aumentaron otros delitos de alto impacto como la extorsión (47%) y el narcomenudeo (14%). «Este último es un indicador más de que algunas policías siguen distraídas o involucradas en la guerra contra las drogas en lugar de cuidar a la ciudadanía», previene. Con datos del Índice de Paz, el Semáforo señala que el costo per cápita de la violencia en México es de 41 mil pesos anuales. «Estamos destruyendo recursos en una guerra inútil que nos cuesta muchísimo en todos sentidos. Económicamente, crecemos a una tasa muy baja y hay estados muy rezagados».
