A los agravios por la deuda, las empresas fantasma, los muertos en Allende y en el penal de Piedras Negras y los miles de desaparecidos durante el moreirato –todos ellos impunes– se ha sumado una nueva burla para los habitantes de un estado indolente: la aprobación, por parte del remedo de Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de dos nuevos partidos: Unidos y de la Revolución Coahuilense. La decisión del organismo, según parece, desagradó al gobernador Miguel Riquelme. No es para menos, pues aparte del gasto adicional que implica mantener a nuevas franquicias familiares, el PRI, con esos aliados, no necesita enemigos. Con la aplanadora de Morena basta y sobra.
Los membretes partidarios no son los únicos apéndices del PRI. También lo es el IEC, cuyos consejeros los nombra el Instituto Nacional Electoral (INE), pero quien manda despacha en San Lázaro (Rubén Moreira). Uno de ellos –Alejandro González Estrada, títere del exlíder priista David Aguillón, pretendió ser magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), pero Armando Guadiana, a quien el moreirato espió y ridiculizó en redes sociales, logró impedirlo en la sesión senatorial del 20 de noviembre pasado. El lugar de Valeriano Valdés en la presidencia del TEE lo ocupa Sergio Díaz Rendón, profano en materia electoral, como lo era su predecesor, pero tan funcional para el gobierno como aquel. Díaz pertenece al grupo político de Luis Efrén Ríos, asesor jurídico del PRI entre bastidores y director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
En el gobierno de Humberto y Rubén Moreira, el Código Electoral y el Congreso fueron instrumentos del clan para perpetuarse en el poder. Se inventaron partidos y el voto se atomizó para darle al PRI ventaja en las urnas y en la distribución de alcaldías, regidurías y diputaciones locales. Tal situación les permitió apoderarse del IEC, distribuir votos antes de los comicios para mantener en órbita a sus satélites, simular militancias, restarle espacios a la oposición, cancelar y asignar asientos de representación proporcional y cometer todo tipo de abusos.
La reforma federal de 2014 puso coto a la simulación y al cabo de-saparecieron los minipartidos, algunos de los cuales, como el Campesino Popular, tenían licencia para extorsionar. El Partido Joven también perdió su registro en las elecciones de 2017 a pesar de haber postulado a Humberto Moreira o acaso por ello; el exjoven maravilla no obtuvo los votos necesarios para ser diputado plurinominal. Frente al repudio por la decisión del IEC, de premiar a Rubén Humberto Moreira y a Abundio Ramírez, peón del clan, el gobernador Riquelme se puso del lado de la sociedad y criticó la aprobación al vapor de partidos.
“Una de mis posturas, desde que fui electo, no fue precisamente la creación de nuevos partidos, (pero) ellos se van a las últimas instancias (…) la polémica tiene que ver con el hijo de un exgobernador” (El Siglo de Torreón, 30.04.19). Riquelme sugirió una reforma contra la proliferación de membretes sin representación. En esa categoría encajan Unidos y el de la Revolución Coahuilense, cuyos intereses son obvios. En el primer caso, los de una familia adicta al poder y ávida de venganza; y en el segundo, los de un líder anacrónico cuyo “modus vivendi” es la política barata y la relación con el poder. El Código Electoral vigente permite a cualquier pandilla formar un partido y vivir del presupuesto.
