Muro de impunidad

    Por Gerardo Hernández González

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    Rubén Moreira levantó un cerco de impunidad en la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), mientras la delincuencia organizada sembraba pánico en el estado y corrompía a las autoridades. El propósito era obvio: ignorar las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos, las fosas clandestinas y la violación sistemática a los derechos humanos cometidos durante su gobierno, el de Jorge Torres López y el de su hermano.

    Las agresiones contra la población civil empezaron en 2006 —apenas iniciada la gestión de Humberto Moreira— y escalaron en los diez años siguientes, de acuerdo con el informe «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad», presentado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) a la Corte Penal Internacional, en julio de 2017. El gobierno abrió las puertas a la delincuencia organizada, primero en Torreón.

    El control de Los Zetas se consolidó en Coahuila a partir de 2009, dice del documento. La masacre en Allende ocurrió el 18 de marzo de 2011. Hasta finales de 2010, Rubén Moreira presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Renunció para ser postulado por el PRI para suceder a su hermano, pero en su lugar dejó a Diana González Soto, quien ahora le cuida las espaldas desde la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal del Congreso local.

    Ya como gobernador, Moreira promovió a dos de sus alfiles para mantener el control de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados: Miriam Cárdenas (actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado) y Armando Luna Canales [«uno de los principales funcionarios del gobierno de Coahuila que recibieron dinero y regalos» del narcotraficante Juan Manuel Muñoz, Punto y Coma, 06-03-19]. Ambos habían encabezado previamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CEDHC).

    Raúl Plascencia, presidente de la CNDH en el periodo 2009-2014, el de mayor violencia en el estado, fue otro de los aliados del moreirato. Plascencia recibió del gobierno de Rubén Moreira 1.8 millones de pesos entre 2015 (cuando por ley todavía no podía obtener ingresos en virtud de su desempeño como ombudsman) y 2016 por concepto de «asesorías» brindadas por el Instituto Iberoamericano de Justicia, en cuya página web figura como director general (Reforma, 16-05-16). El mismo diario reveló que Plascencia había construido una casa de 20 millones de pesos (19-10-14).

    Moreira atizó la vanidad de Plascencia, quien guardó silencio frente a las matanzas en Allende y en la cárcel de Piedras Negras. El 5 de diciembre de 2013, el gobernador le entregó la medalla al mérito universitario y la Universidad Autónoma de Coahuila lo nombró doctor honoris causa. El ombudsman regresó a Saltillo en septiembre del año siguiente para participar en un debate. En vez de pedir justicia por las víctimas de la barbarie, exaltó a su amigo: «En el gobernador Moreira tenemos a un servidor público comprometido con el tema de los derechos humanos, un gobernador que impulsa el conocimiento, la difusión, y, sin duda, también, se compromete con la observancia de los derechos humanos» (Reforma, 16-05-16).

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