Crímenes de Estado

    Por Gerardo Hernández González

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    Uno de los objetivos de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) consiste en combatir la impunidad: «llevar a los autores de los crímenes ante la justicia». Tras la detención del exgobernador Jorge Torres López , acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, fraude bancario y narcotráfico, el organismo y diversos colectivos demandaron a la Fiscalía General de la República, con carácter de urgente, que antes de su extradición «sea juzgado en México por los delitos de asesinato, desapariciones y torturas, en los que pudo haber estado involucrado como alto funcionario público…».
    En un comunicado del 7 de febrero, fechado en París, donde tiene su sede, la FIDH advierte: «Permitir que Torres López sea extraditado a Estados Unidos constituye una afrenta a los numerosos familiares de los centenares de desaparición forzada ( sic) que ocurrieron en el 2011 en Coahuila. Ellos esperan que se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Resulta paradójico que Torres sea requerido en otros países y que en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra».
    Si la FIDH presta tal atención a un subordinado, cuyo ejercicio duró menos de un año, con mayor denuedo seguir á el proceso que inició en la Corte Penal Internacional (CPI) para llevar ante los tribunales a sus jefes Humberto y Rubén Moreira, los cuales fueron protegidos por el gobierno de Peña Nieto. El presidente López Obrador tampoco ha mostrado voluntad para enjuiciarlos. En cambio, Estados Unidos los investiga por sus presuntos vínculos con la
    delincuencia organizada.
    Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció en Saltillo contra la impunidad, el 7 de abril, en el marco de una visita oficial: «(En Coahuila), las heridas del pasado requieren también de la justicia». El gobernador Miguel Riquelme admitió que en la última década el estado vivió una situación de violencia generalizada por las desapariciones, las detenciones ilegales, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales (Notimex, 07.04.19).
    Antes de que la FIDH entregara a la CIP el informe «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad», el 7 de julio de 2017, Ariel Dulitzky declaró a la revista Proceso: «Cuando se comienza a dar más información sobre ciertos estados donde desde el gobernador hacia abajo eran funcionales a las actividades de Los Zetas u otros carteles, si eso se demuestra, va a significar que todo lo que hicieron Los Zetas en esos estados podría ser atribuido al Estado, porque hubo, mínimo, aquiescencia o
    tolerancia por la situación de corrupción».
    Dulitzky encabezó el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias entre 2010 y 2107, periodo durante el cual se cometieron parte de las atrocidades denunciadas por la FIDH, como las masacres en Acuña y en la cárcel de Piedras Negras. Además, dirige la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que elaboró el informe «Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río».
    El trabajo, donde se involucra a los hermanos Humberto y Rubén Moreira con el cartel, fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 6 de noviembre de 2017. Ese día, Moreira II rindió su último informe. Ese día, el monumento a la hipocresía termino de sepultar al falso adalid de los derechos humanos.
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