Rubén Moreira quiso pasar a la historia como paladín de los derechos humanos. La maquinaria estatal dedicó los últimos años de su gobierno a armar la farsa.
Con una Academia y una memoria pretendían borrar las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras, los desaparecidos, el «campo de exterminio» en el ejido Hipólito, de San Pedro, y la colusión entre autoridades y delincuencia organizada.
El pedestal de la soberbia se hizo añicos antes de su develación. El 6 de julio de 2017, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) el informe «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad» para denunciar a los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira.
En ese contexto, la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Coahuila, el 7 de abril, abre un resquicio para la justicia después de un par de sexenios de terror e impunidad. La expresidenta de Chile se reunió en la Casa San José, de Saltillo, con representantes de 25 organizaciones civiles de doce entidades del país, así como de Honduras y El Salvador. El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado por el obispo Raúl Vera en 2004, figura entre los remitentes de la comunicación a la CPI.
En 2012 y 2016, la FIDH presentó dos comunicaciones [«envío de información relevante (…) sobre presuntos crímenes cometidos en un Estado parte del Estatuto de Roma»] a la Fiscalía de la CPI. El documento aporta «fundamentos suficientes para afirmar la grave situación que vive México, frente a la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas y las corporaciones responsables de la seguridad pública, por órdenes de gobierno o
con el apoyo, tolerancia y/o aquiescencia de las mas altas autoridades de los gobiernos federal y estatales».
El informe relacionado con Coahuila «demuestra que existe una base razonable para concluir que (…) entre los años 2009 y 2016, se han cometido crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI (en su modalidad de privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas), como parte de un ataque sistemático contra la población (…)». El
periodo comprende los dos últimos años del gobierno de Humberto Moreira; el interinato de Jorge Torres y la mayor parte de la gestión de Rubén Moreira.
Los crímenes fueron cometidos «por Los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad en Coahuila (Policía Municipal, Policía Estatal Acreditable, GRI, GATE y/o GRUPO DE ELITE, GROM) en dos periodos distintos y con matices diferenciados en su actuación. (…) en un contexto de innegable colusión». Una vez demostrados los asesinatos, la Oficina de la Fiscalía analiza aspectos complementarios con base en los cuales la CPI decidirá su competencia.
El primera evaluación es de carácter empírico: «si existen o han existido investigaciones o enjuiciamientos nacionales pertinentes con respecto al caso o a los casos identificados por la Fiscalía en el Estado respectivo». Si no los hay, «es suficiente para que el caso sea admisible».
Hasta el momento del informe no se conocían «resultados concretos en los que se haya sancionado por crímenes de lesa humanidad o simplemente por crímenes cometidos ni a los responsables directos de las corporaciones de seguridad (…) ni a las altas autoridades de gobierno (…) ni a los altos mandos de Los Zetas (…)». Por lo tanto, la FIDH pidió a la Corte Penal Internacional abrir el examen premilinar sobre México.
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