Lo que Peña Nieto no pudo lograr en tres años (nombrar zar anticorrupción, fiscal general y diseñar un nuevo modelo de seguridad pública) o ni siquiera intentó (frenar el robo de combustibles dentro y fuera de Pemex), el presidente López Obrador lo ha conseguido en tres meses. Esa es la diferencia entre un presidente débil y sin horizonte y uno fuerte y legitimado. El priista no tenía mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores, pero desde el Pacto por México el PAN y el PRD se le rindieron.
AMLO, junto con la presidencia, recibió de los electores el control del Congreso, lo cual no sucedía desde 1988 cuando el PRI impuso a Carlos Salinas en un proceso turbio y fraudulento. Animal político como es, AMLO ha sabido sacar provecho de esa ventaja. Los votos que necesitaba para tener mayoría calificada en la cámara baja se los dieron legisladores de otros partidos. En el Senado, la voz cantante también la lleva Morena.
La aprobación de la Guardia Nacional —con mando no militar, por presión de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos de oposición— fue abrumadora en la Cámara de Diputados (463 votos a favor y uno en contra) y en el Senado, unánime. En el mensaje por los 100 primeros días de su gobierno, AMLO volvió a su discurso inaugural: los mexicanos aún se encuentran «en estado de indefensión». La violencia no se ha «reducido significativamente», dijo el 11 de marzo. Con la Guardia Nacional, «el presidente de la república podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria» en los próximos cinco años, señala el dictamen aprobado en el Congreso.
Peña trató de imponer como fiscal general a su amigo Raúl Cervantes —colaborador de Humberto Moreira en el PRI—, y como paso previo lo puso al frente de la PGR. Empero, la protección del procurador al exgobernador de Chihuahua César Duarte, prófugo por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos a empresas privadas, y el rechazo de organizaciones civiles y líderes de opinión, lo eliminaron de la carrera. El repudio a la propuesta de Peña Nieto se resumió en la etiqueta #NoalFiscalCarnal.
El 18 de enero, antes de rendir protesta como fiscal general —propuesto por AMLO al Senado junto con Bernardo Bátiz y Verónica de Gives—, Alejandro Gertz Manero se comprometió a colocar «la ley por encima del poder». En la campaña presidencial de 2018, la PGR le fabricó delitos al candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, para restarle voto. En vísperas de concluir el sexenio de Peña, Anaya fue exonerado por el presunto delito de lavado de dinero.
Gertz, quien coordinó la Operación Cóndor contra el narcotráfico, en 1976, ha sido rector de la Universidad de las Américas y secretario de Seguridad Pública con Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles (en el gobierno de Ciudad de México) y Vicente Fox. «Ni una persecución más, ni un ocultamiento más, ni un encubrimiento más», dijo frente a los senadores. «Cuando en un país hay 33 millones de delitos cometidos al año y el 99 por ciento queda impune, tenemos todo por hacer y la única manera de hacerlo es a través de la rendición de cuentas y una responsabilidad (…) bien establecida de carácter profesional». Si el fiscal «ya no tiene margen para equivocarse ni para engañarse», como advirtió Gertz, el presidente, menos aún. De lo contrario, las rechiflas pasarán de los estadios a las urnas.
