El gobernador Miguel Riquelme no solo debe lidiar con un Congreso donde el PRI está impedido para reformar leyes y cambiar la constitución a su arbitrio, como sucedió durante el moreirato, y con 20 alcaldes de otros partidos, sino con un delegado federal omnipresente. Reyes Flores Hurtado, emisario del presidente López Obrador, es la segunda figura política más solicitada y relevante después del ejecutivo. El exlíder del PAN y suplente del senador Armando Guadiana, asiste a las reuniones de seguridad y a cuanto acto oficial se realiza en el estado.
En el sexenio pasado, ese papel lo desempeñaba el delegado de Gobernación —siempre, igual que ahora Reyes, en primera fila o en las mesas principales—, mas no en calidad de representante de la Federación, sino como empleado del gobernador. Reyes le reporta al presidente, de ahí dimana su poder. Cuando no asiste a ceremonias oficiales, el superdelegado recorre el estado, se reúne con empresarios, visita albergues de emigrantes, fija criterios e incluso emite comunicados sobre asuntos que, en teoría, son de competencia local; por ejemplo, el control de incendios forestales.
En los gobiernos del PRI y del PAN, los delegados no tenían acceso directo al presidente, tampoco competían con el gobernador y menos se atrevían a pedir públicamente la destitución de un funcionario federal. La aparición del exprocurador general de Justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles, en el organigrama del Sistema de Administración Tributaria (SAT), le brindó a Reyes Flores la oportunidad de cobrar una factura a los hermanos Moreira, quienes le acosaron e incluso le inventaron delitos.
El 21 de febrero, en un video publicado en las redes sociales, Reyes se dijo indignado por el nombramiento de Torres como administrador central de Investigación Aduanera. «Es uno de los actores que más daño le hicieron a este estado en los últimos años. Como procurador general de Justicia en el sexenio de Humberto Moreira, ha sido acusado en Cortes de Texas por ser el brazo protector de Los Zetas (…). Este grupo, (el de los Moreira) que permitió que los coahuilenses fuéramos asaltados por la delincuencia organizada, no puede continuar en la función pública. (…) Exigiré que se destituya del cargo», advirtió.
Ese mismo día, la directora del SAT, Margarita Ríos Fajar, publicó en su cuenta de Twitter: «Hoy fue desvinculado del @SATMX el Administrador Central de Investigación Aduanera. La reputación del SAT es su activo más importante, y se toman decisiones firmes para mantener la solidez institucional». En una carta al administrador general de Aduanas, Torres califica de «calumniosa» la información sobre su desempeño en la Procuraduría de Justicia de Coahuila e informa de su separación del cargo «para estar en total libertad de emprender acciones legales para salvaguardar mi integridad».
En el informe del rector de la UAdeC, Salvador Hernández, el gobernador Miguel Riquelme explicó su apoyo al presidente López Obrador en el tema de la Guardia Nacional: «Porque (…) sabemos el costo que significaría retroceder en materia de seguridad». Frente al senador Guadiana, el superdelegado Flores, y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres (PAN), el gobernador pidió «cuidar la institucionalidad (…) sobre todo, debemos cuidar a nuestras instituciones». Los Moreira las pervirtieron y Coahuila paga las consecuencias.
