El Índice de Estados Frágiles (FSI) del Fondo para la Paz menciona de refilón el caso de 11 gobernadores mexicanos (un tercio del total) investigados por delitos de corrupción. De esa manera significa la expansión del fenómeno y el peligro inherente para la estabilidad del país, junto con la violencia y el déficit creciente de Estado de derecho.
El FSI no cita a los políticos, pero son fácilmente identificables. Entre ellos: Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua (el primero encarcelado y el segundo prófugo); Guillermo Padrés, de Sonora, en libertad provisional;Roberto Borge, de Quintana Roo, preso;Jorge Torres, de Coahuila, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, en proceso de extradición. Luego de cinco años en cautiverio, Andrés Granier, de Tabasco, terminará de purgar en su domicilio una condena de 12 años por peculado.
Luis Armando Reynoso, exgobernador de Aguascalientes, fue detenido en 2015. Recibió una sentencia de cinco años y 10 meses por peculado y ejercicio indebido de funciones. Además, deberá pagar 32 millones de pesos como reparación del daño al erario. Está libre, pero enfrenta otros cargos.
El 9 de abril de 2017, autoridades de Italia y Estados Unidos, apoyadas por la Interpol, capturaron a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, en Florencia. Un año después fue extraditado a Texas, bajo cargos de lavado de dinero, contrabando de drogas y delincuencia organizada. El político habría aceptado sobornos de los cárteles del Golfo y de Los Zetas. El caso empezó con la declaración de un testigo protegido de la DEA, quien lo acusó de blanquear dinero para ambas organizaciones.
A Humberto Moreira (HM) lo investigan en España donde estuvo detenido —del 15 al 22 de enero de 2016— a solicitud del gobierno de Estados Unidos. Se le acusa de lavado de dinero y malversación de fondos. Rolando González, uno de sus prestanombres, se declaró culpable e involucró al exmandatario y a funcionarios de su administración en la compra de estaciones de radio con recursos del estado. Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas, lo acusó frente a los fiscales Rusell Leachman y José Grinda, en San Antonio, de haberse apropiado de alrededor de tres mil millones de pesos (El País, 16.11.18).
De los tres gobernadores que son investigados y figuran en la lista de «los 10 mexicanos más corruptos de 2013» de la revista Forbes,dos están presos: Andrés Granier y Tomás Yarrington. El único en libertad es Moreira.
En la Corte Penal Internacional (CPI) existen demandas contra el gobierno de los hermanos Moreira por supuestos crímenes de lesa humanidad. Las solicitudes fueron presentadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), diversas ONG de México, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el ahora senador Armando Guadiana, por los asesinatos y desapariciones ocurridos entre 2009 y 2016 en Allende, el penal de Piedras Negras y otras regiones del estado.
Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, acusó a Los Zetas, a autoridades del estado, a las policías municipales y a la Policía Estatal Acreditable de haber cometido «crímenes de lesa humanidad en un contexto de innegable colusión». Reyes declaró —en rueda de prensa— que en la administración de HM el cartel tuvo el control del territorio, lo cual le permitió cometer las masacres en Allende y en la cárcel de Piedras Negras. También dijo que en el gobierno de Rubén Moreira se incrementaron los casos de privación de la libertad, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos (Eje Central, 05.07.17).
