Después de tres sexenios de alternancias fallidas entre el PRI y el PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador lidia con el país caótico que, desde la oposición, contribuyó a modelar y ahora, en la presidencia, parece querer continuar. Desde 2005, cuando el Fondo para la Paz (FFP) empezó a publicar el Índice de Estados Frágiles (FSI, por sus siglas en inglés), México se localiza en la zona de Estados “en peligro”. En 2017 sufrió el peor retroceso en una década, entre otros factores, por la corrupción política, la violencia —el Instituto Internacional de Prensa lo declaró el más peligroso para los periodistas; 66 fueron asesinados en el sexenio de Peña Nieto, según Reporteras en Guardia—, la falta de Estado de derecho y la desconfianza en las instituciones.
El FFP evalúa anualmente a 178 países de acuerdo con 12 indicadores. Cada uno se califica del uno al 10; mientras más alta es la puntuación, mayor el riesgo. Con 71.5 puntos, México ocupa el lugar 94 y se ubica en el rango de «advertencia elevada» junto con Perú, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Honduras y otros 21 Estados. Canadá tiene 21.5 puntos y es el único de América en la categoría mundial de «sostenible». Uruguay supera a Estados Unidos entre los «muy estables»; Chile, Costa Rica, Argentina y Panamá son de los «más estables».
México empeoró en los indicadores de aparato de seguridad (8.5 puntos), agravio de grupo (6.9), desarrollo económico desigual (5.8), legitimidad del Estado (6.2), servicios públicos (6.5) y derechos humanos (6.2). Antes de las elecciones de 2018, el FSI advertía: «Casi el 90% de los mexicanos ve al estado y al gobierno federal tan profundamente corruptos, que ha erosionado la base del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Peña Nieto».
Algunas características de los Estados fallidos son: Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio del uso legítimo de la fuerza; erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones; incapacidad para suministrar servicios básicos; e incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro de la comunidad internacional. (Wikipedia) Entre los 13 países peor calificados en el FSI de 2018 figuran Sudán del Sur, Somalia, Yemen, Siria y Afganistán.
La corrupción alcanzó en el gobierno de Peña Nieto cotas inéditas y los asesinatos superaron el registro de cualquier otro sexenio incluido el de su predecesor panista Felipe Calderón. 2018 fue el año más violento con 28 mil 816 homicidios, 15% por encima del anterior, según la organización no gubernamental Semáforo Delictivo. La cifra equivale a 23 muertes por cada 100 mil habitantes; el promedio mundial es de 6.2. Casi el 45% de los casos ocurrieron en Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa y Quintana Roo. Coahuila figura entre los estados con menores tasas (7.6).
Además de perder el monopolio de la violencia con el crimen organizado y el control de algunas regiones del país, otro de los problemas lo representa la fragilidad de sus instituciones. El Estado ha sido incapaz de erradicar y castigar el robo de combustibles, en Pemex y en la red de ductos. El fenómeno no es nuevo, pero se agravó en el gobierno de Peña Nieto. Por otra parte, las huelgas en Tamaulipas y los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Michoacán y Oaxaca, tolerados por el gobierno de López Obrador, pueden empujar a México a la zona de Estados fallidos.
