El senador Morena, el empresario Armando Guadiana Tijerina pidió incluir en las acusaciones penales a funcionarios de Rubén Moreira. “(Funcionarios) que fueron cómplices directos e indirectos al permitir las masacres en Allende y del Penal de Piedras Negras; donde medios de comunicación han dado cifras de más de 500 personas ejecutadas”, dijo.
“En esa época David Aguillón Rosales era Secretario de Gobierno en Coahuila y responsable de la atención de estos hechos, así como el entonces gobernador, Jorge Torres López y todos los responsables de brindar seguridad a los ciudadanos y que no cumplieron con su función”.
En los tiempos de la terrible masacre de Allende David Aguillon Rosales, mano derecha de Rubén Moreira se ostentaba como Secretario de Gobierno. En él recaía la responsabilidad de la seguridad, el manejo de las policías y el control de los centros de readaptación social y en todo Coahuila se vivía una actitud oficial de complicidad con el crimen organizado. La violencia no solo se padecía en Allende y resulta por demás burdo que con la detención de un alcalde que gobernaba un municipio de apenas 19 mil habitantes se pretendiera justificar acciones en vísperas de pasados procesos electorales.
Existe además, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde pide a la Procuraduría General de la República (PGR) “con motivo de la denuncia que este organismo formule en contra de los servidores públicos del Estado y del Municipio, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada” y a la Fiscalía de Coahuila le solicita “realizar las diligencias necesarias a fin de determinar la identidad de las víctimas de las 219 muestras biológicas susceptibles de análisis, que fueron encontradas en el interior del rancho ‘Los Garza’, a fin de deslindar las responsabilidades y, en su caso, se ejercite acción penal en contra de los presuntos responsables”.
Entre los hallazgos para acreditar las violaciones a los derechos humanos, la comisión comprobó que durante el 18 y 20 de marzo de 2011 se llevaron a cabo en la región detenciones arbitrarias y al menos 38 desapariciones forzadas, en las que elementos de Seguridad Pública del Municipio de Allende tuvieron tolerancia o brindaron apoyo a los integrantes del cártel.
Apenas en noviembre del 2017, un estudio publicado por la Universidad de Texas denunciaba los estrechos vínculos entre el cártel de Los Zetas y funcionarios de Coahuila de ese tiempo, que facilitaron la violación y abusos a derechos humanos. “El informe documenta los abusos a los derechos humanos que son mencionados en las declaraciones de los testigos, incluyendo las desapariciones y los asesinatos masivos en marzo y abril del 2011 durante lo que se conoce como las masacres de Piedras Negras y Allende”, señaló en un boletín la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, autora del estudio.
“Control… sobre todo el estado de Coahuila’: Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas” documenta los nexos entre el crimen organizado y autoridades e instituciones públicas en Coahuila. Ello a partir de las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio entre 2013 y 2016.
“Las dos conclusiones principales que surgen de los testimonios son que el cártel de Los Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad. La segunda es que las instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel, ya sea por acción u omisión, en la comisión de estos abusos”, agregó el centro de estudios.
Además, el informe resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas o como una manera para intimidar y reclutar personas. Los testigos declararon sobre la manera “cruel en la que Los Zetas despojaban a sus víctimas de su humanidad, les asesinaban y se deshacían” de sus cuerpos.
El director de la Clínica de Derechos Humanos, Ariel Dulitzky, indicó que “según los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre autoridades del estado de Coahuila en todos los niveles de gobierno les permitió perpetrar estos abusos a derechos humanos con impunidad.
El informe, de 53 páginas, destaca que los testigos en los juicios en Texas relataron que el control del cártel se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano. Además, varios testigos describieron “supuestos” sobornos de millones de dólares pagados al anterior gobernador de Coahuila, a cambio del control total del estado.
Los tres juicios analizados también demuestran que el Gobierno estadounidense tiene información importante acerca del abuso de derechos humanos de Los Zetas. Por ello, la coautora del informe, Sarah Gohary, consideró que “es posible que el Gobierno de Estados Unidos tenga información que no ha sido compartida que podría ayudar a esclarecer algunos asesinatos o desapariciones cometidos en México.”
Por su parte y en entrevista concedida a varios medios de comunicación el año pasado, el dirigente estatal del PAN, Bernardo González, puso nombres de exfuncionarios que deberían estar implicados en el asesinato de personas ocurrido en marzo de 2011. “El Partido Acción Nacional cree que el Procurador debe hacer extensiva la investigación a todos los niveles de gobierno y alcaldes de la región donde se perpetuaron los hechos”, dijo.
Los dos exfuncionarios acusados desempeñaron altos cargos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Rubén Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila es diputado federal por la vía plurinominal, mientras que David Aguillón Rosales es su asesor en la Cámara de Diputados.
