Antes de reabrir la investigación contra el exgobernador Humberto Moreira, el fiscal español José Grinda sentó, el 27 de febrero pasado, a casi una veintena de presuntos miembros de la organización criminal rusa Tambovskaya, en el banquillo de la Audiencia Nacional, para responder por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de dinero. Fundada en 1988, la banda se dedica además al contrabando y a la construcción. Algunos de sus líderes tienen conexiones políticas y han sido miembros de la Duma Estatal (Congreso).
Entre los acusados figuraban el diputado y empresario Vladislav Reznik –ligado al presidente Vladimir Putin– y su esposa Diana Gindin. En junio de 2008, la Policía de España detuvo a 20 sospechosos en el marco de la Operación Troika, la cual permitió abrir el mayor juicio contra la mafia rusa (BBC News, 19-02-18). Grinda (frente a quien el exsecretario de Finanzas de Coahuila, Javier Villarreal, acusó a Moreira de desviar dinero del erario a cuentas personales) denunció amenazas contra él y su familia de Ilya Traber, amigo de juventud de Reznik. El mismo Traber fue quien le presentó a Gennadios Petrov, uno de los líderes de Tambovskaya.
El 18 de octubre pasado, Reznik y el grupo acusado de lavar dinero en España a gran escala, fueron absueltos por insuficiencia de pruebas. No se pudo determinar el origen ilícito del dinero, pese a que “las actividades comerciales de los demandados en España parecían ‘extrañas, poco económicas o poco convencionales’” (BBC News, 19-10-18). Haber sentado a un potentado como Rezkin –intocable en Rusia por su relación con Putin– frente a un tribunal, refleja la determinación y el alcance del Ministerio Público de España para combatir la corrupción.
Juan José Rosa, otro de los fiscales que investigan a Humberto Moreira, declaró sobre un escándalo de corrupción en su país: “En los últimos tiempos todos vemos que la gente ingresa a prisión y no se recupera dinero de los fondos públicos”. Uno de los cometidos de la Fiscalía Anticorrupción –advirtió– es “conseguir la satisfacción del interés público”; para la sociedad es fundamental “que se recupere un montante económico muy importante (…) y en eso estamos”.
En México la justicia está al servicio del poder político y económico. Humberto Moreira fue virtualmente rescatado de la prisión española de Soto del Real, donde permaneció del 15 al 22 de enero de 2016, por el Gobierno del presidente Peña Nieto. Sin embargo, los fiscales Grinda y Rosa tienen en su poder información para llevarlo a la Audiencia Nacional. Es cuestión de tiempo. El presidente López Obrador no pretende castigar a los corruptos, pero la presión social e internacional obliga a su gobierno a enjuiciar a quienes desviaron y se apropiaron de caudales públicos.
La atención se ha centrado en Humberto Moreira, pero el nombre de su hermano Rubén, a quien heredó el cargo, también ha sido citado en una corte federal en San Antonio, Texas, en un juicio contra el cártel de Los Zetas. Humberto ocupó la gubernatura entre 2005 y 2011, pero quien realmente ejerció el poder fue Rubén, el verdadero jefe del clan. Los ojos de Coahuila están puestos en España y Estados Unidos en espera de justicia. En ese afán, los fiscales Grinda –quien afrontó a la mafia rusa– y Rosa –quien pugna por la recuperación de caudales públicos– son aliados de los coahuilenses. Debería serlo el Sistema Estatal Anticorrupción, pero su compromiso es con sus jefes: los Moreira.
