El presupuesto destinado a la deuda publica en Coahuila superó al que se asignó a obra pública . De acuerdo al presupuesto de Egresos, este 2019 se contará con 49 mil 369.5 millones de pesos, de ellos se destinarán 2 mil 608 millones a obra pública, cifra inferior a la destinada a pago de deuda del estado que se situó en 3 mil 989 millones de pesos. Lo anterior contradice a las peticiones del Congreso de Coahuila que ha pedido se favorezca la obra pública. Además, en el caso de la deuda pública el 88 % de lo que destinarán será para el pago de intereses, un 10.2 % más se dará al pago de proveedores a quienes han retrasado pago, y 1.88% al pago de capital. Este es el primer presupuesto anual que se otorga tras la reestructura de la deuda bancaria de Coahuila. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Finanzas el saldo de la deuda bancaria al 31 de diciembre de 2018, es de 37 mil 102 millones de pesos.
A diferencia de reportes de deuda anteriores, el documento publicado en la página web no especifica el número de bancos, sus saldos y el tipo de crédito solicitado. En obra pública estatal se emplearán 2 mil 608 millones. Entre las obras pendientes del estado destacan remodelaciones en Saltillo, e infraestructura hospitalaria. Respecto a la deuda pública, de los 3 mil 989 millones de pesos, 75.6 millones son para amortización de capital, es decir, pago directo de la deuda. Mientras que 3 mil 431 millones de pesos más serán para el pago de intereses, y 8.2 millones para gastos por contratación.
El Gobierno de Coahuila también contempló el pago de 400 millones de pesos por concepto de ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores). Al momento se desconoce la causa del retraso en el pago. OBRA PÚBLICA En las últimas presentaciones de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se ha manifestado preocupación por el tema de la deuda pública, al indicar que ésta debe solventar sólo obra productiva. En este punto, la ASE ha reconocido que el concepto que maneja el estado es muy amplio y se presta para reconocer como Obra Pública Productiva servicios no tangibles o de los cuales no se pueda medir su retribución a la sociedad. En la última Cuenta Pública presentada, el pasado mes de diciembre, la ASE pide al Congreso Local que establezca con exactitud de forma clara y específica los rubros que se entienden como inversión pública productiva a los cuales se pueden destinar los recursos obtenidos de los créditos solicitados, con el propósito de limitar el objeto del endeudamiento y evitar dejar al libre arbitrio de las administraciones estatales y municipales su ejercicio. La Auditoría indica que debe aplicarse un mecanismo que permita el monitoreo constante, permanente y de forma puntual sobre la utilización de estos créditos, de tal forma que se prevenga la distracción de dichos recursos a fines distintos a los establecidos, con la finalidad de evitar un daño a la Hacienda Pública Estatal o Municipal.
También pide establecer sanciones a las administraciones públicas que contraten deuda sin justificar la misma para evitar este tipo de prácticas, así como establecer su relación con posibles faltas, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La actual administración de Miguel Riquelme inició en 2017 con la petición de un crédito a corto plazo por 980 millones de pesos, de los cuales no informó a qué obras se destinaría. En 2018, concluyó el proceso de refinanciamiento de la deuda bancaria y al mes de diciembre el saldo es de 37 mil 102 millones de pesos. PETICIÓN DE CRÉDITOS La petición de créditos se realiza cuando administraciones no pueden soslayar las obligaciones establecidas por algunas causas, como la caída de los ingresos y deciden adquirir deuda pública que les ayude a financiar sus obligaciones. La definición que actualmente maneja el Gobierno de Coahuila en su Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila se realiza en términos genéricos. “Situación que propicia ambigüedad en su alcance y permite una diversidad significativa de interpretaciones por parte de quienes ejercen los recursos provenientes de los créditos”, indica la ASE.
“Esta situación propicia que dichos recursos se destinen a un sinnúmero de objetos, lo que puede significar que se pierda el verdadero sentido del mandato Constitucional que restringe la aplicación de los créditos que se soliciten”, agrega.
Con información de El Siglo de Torreón
