En su primera gira por Coahuila, el presidente López Obrador se refirió oblicuamente a tres legados infames del moreirato —sin mencionar a los hermanos; no hacía falta—: a) corrupción en la asignación de obra pública; b) espionaje a opositores políticos, líderes religiosos, empresarios y disidentes del mismo PRI-gobierno; y c) crisis del sistema de salud. Previo a la visita de AMLO a La Laguna, se destapó un escándalo en el Poder Judicial del estado. Jueces y
secretarios de acuerdo y trámite de Torreón, en contubernio con funcionarios del Infonavit, despojaron de sus viviendas a miles de familias con la supuesta aquiescencia del magistrado Jesús Sotomayor Garza.
Tres días después, Reforma informó que la Auditoría Superior del Estado detectó gastos sin comprobar por 116.2 millones de pesos en la cuenta pública de 2017. La cifra, sumada al desvío de recursos a empresas fantasma en los últimos años de la gestión de Rubén Moreira, elevó las irregularidades, tan solo por esos conceptos, a 591 millones de pesos.
Una de las fuentes de información de AMLO es Reyes Flores Hurtado, quien, como
secretario del ayuntamiento de Torreón en el gobierno de Guillermo Anaya (2003-
2005), denunció a funcionarios de la administración panista por actos de corrupción. «(…) la misma gente me dice todo lo que sucede. (…) hay quejas acerca de la construcción de algunas obras, pero vamos a estar ahora pendientes para que no se tarden tanto en realizar las obras y, sobre todo, que no haya corrupción. Cero corrupción», proclamó el presidente en la ceremonia donde anunció el Programa Integral de Desarrollo para La Laguna, el 28 de diciembre.
Funcionarios estatales ya habrían buscado acercamiento con el superdelegado Reyes Flores, e incluso con el senador Armando Guadiana, para cubrirse las espaldas. En mayo de 2014, cinco meses después de iniciada su administración, el alcalde panista de Saltillo, Isidro López Villarreal, acusó al gobernador Rubén Moreira de espionaje. En una carta abierta, López pidió la intervención del presidente Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nadie movió un dedo y las escuchas continuaron. El obispo
Raúl Vera, el periodista Armando Fuentes Aguirre y el empresario Armando Guadiana también fueron acosados e incluso recibieron amenazas. A escala nacional, advirtió AMLO ante los gobernadores de Coahuila y de Durango, «ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, somos libres; ya eso desapareció (…). Pero estoy informado».
Además de la megadeuda, las masacres en Allende y Piedras Negras y la legión de desaparecidos en La Laguna y en otras regiones del estado, el sistema de salud colapsó en el moreirato. «Hay una crisis grave (…) no funcionan los centros de salud, los hospitales; no hay medicinas. Todo esto lo vamos a atender de manera conjunta con los gobiernos de Coahuila y de Durango», ofreció el mandatario.
Según Flores Hurtado, en el gobierno de Rubén Moreira, actual diputado
plurinominal, los medicamentos se compraban con sobreprecios de hasta el 300% El superdelegado hizo una advertencia retórica: «Que vayan entendiendo todos los funcionarios involucrados: al que cachemos, lo vamos a meter al banquillo de los acusados para que lo procesen las instancias competentes». Sin embargo, la sociedad exige hechos, no palabras.
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