El “no” de Andrés Manuel López Obrador a la extracción de gas y petróleo mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) ha sido tajante. El presidente electo califica a los tecnócratas que la impulsan de “corruptos y muy ineficientes”. El manejo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre todo en los seis años últimos, le da la razón: los precios y las tarifas son exorbitantes y refutan la promesa de reducirlos como efecto de la reforma energética.
La opinión general, con respecto a la venalidad y la incompetencia de la alta burocracia, coincide con la de López Obrador. Las crisis en Pemex y la CFE parecen consecuencia de actos deliberados, urdidos para crear necesidades y después plantear soluciones desesperadas, algunas de las cuales se revisten de argumentos salvadores y decisiones patrióticas. El supuesto interés por el país une a quienes, en otro tiempo, eran enemigos irreconciliables: el expresidente Vicente Fox (PAN) y el exdirector de Pemex, Rogelio
Montemayor (PRI).
Si con la misma vehemencia con que hoy se defiende el fracking se hubiese combatido la corrupción y el robo de combustible y de energía en ambas empresas, quizá el rechazo hacia esa tecnología de extracción sería menor. El problema, como en la mayoría de los temas nacionales, es de credibilidad. Si Estados Unidos ha incrementado la producción de gas y petróleo por el fracking, sin provocar todavía graves afectaciones al acuífero y al medio ambiente, en lo cual no todo el mundo está de acuerdo, no significa que en
los estados donde se concentra la riqueza energética —Coahuila entre ellos —, se vaya a tener el mismo cuidado. En México la corrupción ha permitido grandes abusos y negocios lucrativos al amparo del poder. En nuestro país las regulaciones son laxas y los dueños de las tierras, sobre todo si son campesinos o pequeños propietarios, obtienen beneficios mínimos, si no es que nulos, por los recursos del subsuelo.
En la inauguración de una pista del aeropuerto Plan de Guadalupe, y en el contexto de la sucesión estatal de 2017, el entonces gobernador Rubén Moreira dijo sin recato que el negocio del fracking representaba miles de millones de dólares solo en Coahuila. “De ese tamaño es lo que está en juego”, advirtió. Solo él sabe a qué se refería. Pero en un país donde no existen fronteras entre lo público y lo privado, los funcionarios aprovechan su
posición para volverse empresarios o socios de inversionistas inescrupulosos.
En Coahuila se llegó al extremo de celebrar tratos incluso con la delincuencia
organizada. La región carbonífera no fue la única castigada por ese tipo de
complicidades.
El capitalismo de compadres ha sido ruinoso para el país, pues favorece a los consorcios relacionados con el poder político, en perjuicio de la inmensa mayoría. López Obrador lo sabe y uno de sus planes consiste en desactivar esos círculos perversos. Su política anti
fracking es consecuente con la oposición de los países líderes de Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, donde el cuidado a la salud y al medio ambiente es prioritario) a esa técnica. Estados Unidos, China y Rusia apoyan la fractura hidráulica, pero no parece preocuparles el futuro del planeta. La idea de AMLO es aumentar la producción de gas y
petróleo —resucitar a Pemex— por métodos convencionales y reducir la dependencia de hidrocarburos.
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