La crisis de derechos humanos, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y
agravada en el de Peña Nieto, es uno de los temas más apremiantes para el
gobierno de López Obrador, como lo apunta Édgar London en el nuevo número de
“Espacio 4”.
«Desde que el Congreso federal aprobó el año pasado la Ley de Seguridad Interior
para regular la intervención de los militares en tareas de seguridad pública,
múltiples voces se han alzado en contra de esa medida. El colectivo
#SeguridadSinGuerra, formado por alrededor de 300 organizaciones y personas,
busca revertir la presencia de las fuerzas castrenses en las calles e impulsa la
profesionalización de las policías y el fortalecimiento de las instituciones de
procuración de justicia.
»En este ámbito, y ante la cercanía del relevo presidencial, senadores del PAN,
MC, PT y Morena se han hecho eco de las demandas ciudadanas. El 6 de
septiembre suscribieron una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior. El
proyecto —propuesto por Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido— busca enviar
un mensaje claro a ese respecto, de acuerdo con la necesidad de transformar al
país que exigieron más de 30 millones de mexicanos en las elecciones del 1 de
julio. De igual modo, se acopla a las declaraciones del presidente electo cuando
augura una nueva estrategia que no combata la violencia con más violencia.
»“(La) ley está fuertemente cuestionada por todo tipo de organismos de derechos
humanos, civiles… nacionales e internacionales”, señala Álvarez. (…) “Más de 36
mil personas desaparecidas, consignadas según la cifra oficial; más de 150 mil
personas asesinadas, más de 280 mil personas en desplazamiento interno y más
de seis mil víctimas de tortura”, apuntó.
«México es el país más violento de América. Así lo cataloga el Programa de Datos
sobre Conflictos, estudio desarrollado por el Departamento de Investigación
sobre la Paz y Conflictos de la Universidad de Upsala, en Suecia. Se trata de un
trabajo que se realiza periódicamente con el objetivo de recopilar información
sobre conflictos en el mundo.
»La cruzada contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón, ha cobrado más
vidas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Según el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2007 y 2016 se registraron 174 mil
652 homicidios. Las organizaciones de derechos humanos no coinciden en las
cifras sobre desapariciones, pero las más conservadoras oscilan entre 30 mil y
50 mil víctimas. En muchas ocasiones, con la participación directa de las fuerzas
del orden, como sucedió en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
»Otra muestra inobjetable de los índices de violencia en el país lo representa el
número de fosas clandestinas que se han descubierto desde que comenzó la
guerra contra el narcotráfico. Entre 2007 —cuando Felipe Calderón iniciaba su
administración— y el mes pasado, la CNDH ha encontrado 307, de las cuales se
han exhumado los restos de tres mil 934 personas. (…) “La CNDH ve con
preocupación el que en muchas regiones del país se incrementen los hallazgos de
fosas clandestinas y, por consiguiente, el número de cadáveres y/o restos
humanos de ellas exhumado.
»“Por ello, destaca la importancia de que las actuales autoridades de los tres
niveles de Gobierno y las que próximamente asumirán las responsabilidades de la
conducción del país establezcan en el corto plazo una política integral que
prevenga, investigue y sancione las violaciones que se generan con la práctica de
realizar inhumaciones en fosas clandestinas”, indicó el organismo en un
comunicado».
(
Texto completo en: http:/www.espacio4.com/
)
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