La administración estatal de Rubén Moreira (2011-2017) no justificó ni comprobó 410 millones de pesos destinados al pago de bienes y servicios de diferentes empresas, de acuerdo con un informe especial elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a petición del Congreso del Estado.
Algunas de estas empresas fueron relacionadas con exfuncionarios del gobierno de Rubén Moreira, como María Esther Monsiváis, su exsecretaria de Infraestructura, quien sería la propietaria de la firma Riviera y Álamo y sobre quien pesan dos denuncias penales que están en proceso de investigación.
En el informe la ASE señala que derivado de la falta de comprobación y documentación, “así como información insuficiente para la justificación del pago o contratación de las empresas, se desprenden 179 observaciones por el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o de otras disposiciones normativas, (y) se integran 136 observaciones que en suma dan la cantidad de 410 millones de pesos.
La ASE desglosa las observaciones de 13 empresas que el gobierno del Estado contrató para la prestación de distintos servicios y en algunos casos señala que no se comprobó la solvencia económica ni la capacidad para la prestación del servicio y aún así fueron contratadas.
Al final el informe señala que las secretarías de Finanzas y de Fiscalización “aportaron insuficiente comprobación y justificación de las transacciones sujetas a revisión, por lo que esta Auditoría Superior no tiene elementos de juicio para emitir una opinión favorable acerca del uso y destino de los recursos públicos por un valor de $410,061,771.56”.
A pesar de que es alto funcionario del PRI Nacional y candidato a una diputación federal por la vía plurinominal, El Partido Acción Nacional pidió que se cite a declarar “de forma inmediata al exgobernador Rubén Moreira y se inicien las medidas precautorias para que no vaya a eludir la aplicación de la justicia”.
Actualmente existen dos denuncias penales por el caso de las presuntas empresas “fantasma”; una fue presentada por el entonces secretario de Finanzas, Ismael Ramos, en octubre de 2016, y otra por el senador panista con licencia Luis Fernando Salazar en septiembre del mismo año.
Fuentes que pidieron conservar el anonimato, informaron a Digital News que la Fiscalía Anticorrupción que dirige el Jesús Flores Mier, que en durante las últimas semanas han acelerado las pesquisas y que en el mes de noviembre podría haber sorpresas sobre el tema.
