El gobierno de Rubén Moreira desvió 475 millones de pesos a 14 empresas fantasma, de acuerdo con las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General. La malversación se detectó en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, lo cual supone una práctica sistemática de extracción de caudales públicos para favorecer a funcionarios y particulares, en detrimento de la calidad de vida de los coahuilenses y de servicios prioritarios como el de salud, colapsado desde hace varios años. El desabasto de medicamentos y la falta de atención hospitalaria —a escala local y nacional— provoca la muerte de millares de personas en todo el país.
En el marco del primer foro de consulta para la pacificación, en Ciudad Juárez, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chihuahua Javier Corral (PAN) visitaron un hospital de especialidades inaugurado por el anterior mandatario estatal César Duarte (PRI), prófugo desde el año pasado por delitos de corrupción. Se trata de una obra de fachada, hueca, sin camas ni equipamiento, pero seguramente facturada al cien por ciento. Como esa existen infinidad en la república. Es el caso del Centro Oncológico de Coahuila. Las inversiones fantasma aparecen en los informes de gobierno, pero en realidad son un fraude. Protegido desde Los Pinos, Duarte acumuló una riqueza inconmensurable y disparó la deuda del estado a más 55 mil millones de pesos. Sus padrinos son Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, barones del tráfico de influencias.
En Coahuila, la ASE le puso en bandeja de plata a la Fiscalía General del Estado elementos para encausar a los responsables de desviar casi 500 millones de pesos a empresas fantasma. La todóloga Riviera Álamo, vinculada a la exsecretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, recibió alrededor del 10 por ciento de esa cantidad. La exfuncionaria debe conocer la ruta del dinero en los años más turbios del moreirato, pues desde la subsecretaría de Egresos de Finanzas hizo mancuerna con Javier Villarreal Hernández, artífice de la megadeuda. En 2011, Monsiváis fue transferida a Secretaría de la Función Pública para borrar huellas, pero el tema de la deuda salió de control y se convirtió en escándalo nacional.
Rubén Moreira diseñó el Sistema Estatal Anticorrupción como escudo personal. Sin embargo, para protegerse de futuras investigaciones y denuncias de la ASE, también necesitaba controlar la Fiscalía General más allá de su sexenio. En ese empeño, presionó al entonces gobernador electo, Miguel Riquelme, para que, una vez cubiertos los requisitos de la convocatoria, propusiera al Congreso a otro peón del clan, en ese momento en funciones de procurador de Justicia: Homero Ramos Gloria, cuyo ostentoso aparato de seguridad todavía hoy corre por cuenta de los endeudados coahuilenses.
Riquelme resistió la presión y el Congreso —de mayoría priista— eligió a Gerardo Márquez para ocupar la fiscalía. Ese pudo ser uno de los primeros desencuentros entre Moreira y su delfín. Después vendrían otros. Si la corrupción fue el tema de las elecciones del 1 de julio y combatirla es la principal bandera del presidente electo López Obrador, los gobernadores deben actuar en consecuencia. La denuncia de la ASE sobre las empresas fantasma abre la puerta para castigar uno de los muchos excesos del moreirato y legitimar al gobierno
