Ningún gobernador o funcionario de alto rango puede estar tranquilo por delitos presentes o del pasado. Menos quienes, como los hermanos Humberto y Rubén Moreira, han sido denunciados ante gobiernos e instancias internacionales de peculado, nexos con la delincuencia organizada y crímenes de lesa humanidad. El bisemanario “Espacio 4” publica en su nueva edición un texto del periodista Gerardo Moyano sobre un caso que ya se creía olvidado.
«La resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH-NU), en la que determina que en estos últimos 13 años el Estado mexicano vulneró los derechos de Lydia Cacho, no solo reivindica a la periodista, sino que sienta un precedente en la defensa de la libertad de expresión en el país. Cacho fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla, en diciembre de 2005, como represalia a la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que involucra en una red de pederastia a empresarios y altos funcionarios. Entre ellos, al textilero Kamel Nacif, quien demandó a Cacho por los delitos de difamación y calumnia.
»Nacif, apodado el rey de la mezclilla, hizo célebre al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín (PRI), por llamarlo “mi gober precioso”, en una conversación telefónica en la que le agradece la detención de Cacho, la cual fue ventilada en los medios, en febrero de 2006. En la misma, Marín se ufana de haberle “dado sus coscorrones a esa vieja cabrona”. Cacho demandó a ambos, pero la justicia poblana y luego la federal, nunca le dieron la razón. El empresario Jean Succar Kuri (en prisión desde 2011 por pederastia), el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y el senador priista, Emilio Gamboa Patrón, también son involucrados en la red.
»El 31 de julio, Naciones Unidas devolvió el coscorrón a Marín, al determinar que el gobierno mexicano vulneró los derechos de Cacho “a un recurso efectivo, a la igualdad, a la prohibición de la tortura o tratos crueles y a la prohibición de la detención”. La sentencia deriva de una denuncia contra el Estado presentada por la periodista a través de la organización Artículo 19, en 2014.
»En síntesis, la resolución señala que: 1) su traslado a Puebla fue ilegal, 2) fue torturada física y psicológicamente, 3) la difamación nunca debería conllevar una pena de privación de libertad y 4) las omisiones y los retrasos en el proceso penal en contra de autoridades y particulares por la detención de la periodista “no tuvieron justificación alguna”.
»Por lo anterior, le exige al gobierno mexicano “procesar, juzgar y castigar a los responsables con penas adecuadas”, ofrecer una compensación a la víctima y adoptar medidas para evitar violaciones semejantes contra defensores y periodistas. Por ende, el coscorrón a Marín se hace extensivo al gobierno federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2006 falló a favor de los demandados por Cacho, al determinar que no se vulneraron los derechos de la periodista. Olga Sánchez Cordero, hoy virtual secretaria de Gobernación, formó parte de aquellos ministros de la SCJN que absolvieron a Marín.
»En ese sentido, si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo estar “en plena disposición” de atender el dictamen de Naciones Unidas, que es el primero en su tipo y debe tener respuesta en 180 días, le tocará a la administración de Andrés Manuel López Obrador, que arrancará el 1 diciembre, poner tras las rejas a los responsables. Al tiempo». (La versión completa estará disponible a partir del martes en http:/www.espacio4.com/)
