Los niños representan lo más noble, puro y tierno de la sociedad. También son los más vulnerables e indefensos frente a la fuerza y la maldad, siempre al acecho. Una de las mayores deudas del país es con su infancia. La justicia, por desgracia, es tan corrupta como la política. Pagar sueldos de hasta 800 mil pesos mensuales a los ministros de la Corte no ha servido para que el sistema judicial se adecente. Menos se puede esperar de los 32 tribunales estatales. El nuevo Sistema de Justicia Penal, con sus juicios orales y sus audiencias públicas, ha sido tan oneroso como inútil; un remedio peor que la enfermedad, producto de la improvisación.
Las reformas propuestas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador deben eliminar cotos de poder, nepotismo y cacicazgos en el aparato judicial —federal y local—, como el existente en La Laguna, donde el pavoneo y las ridículas galas exteriores no suplen la falta de prendas personales de quien lo ha ejercido por décadas. Justo en Torreón, el 2 de enero de 1999, el niño Carlos Armando Muñoz (12) fue asesinado por un pervertido en su negocio denominado Centro de Inteligencia Artificial, dedicado a la venta de videojuegos y computadoras. La víctima pertenecía a una familia buena, a cuyo patriarca, don Pedro Valdés, conocí en mi infancia.
El asesino, Enrique Busquets Casanova, ocultó el cadáver por unas horas y por la noche lo tiró frente a la Escuela María Esther Zuno. El caso atrajo la atención de medios nacionales y locales. La Procuraduría de Justicia del estado, donde Busquets tenía influencias, estaba contaminada por las miasmas de la corrupción. Incluso se llegó al extremo de fabricar un culpable, apodado el Greñas, pero ni la familia ni la opinión pública comulgaron con esas ruedas de molino. Para una serie de reportajes publicados por el bisemanario “Espacio 4”, recorrí el trayecto de la casa de Carlos Armando al negocio de Busquets, y de este al sitio donde abandonó el cadáver; charlé con gente que lo vio pasar y en el puesto donde, al parecer, compró una hamburguesa para tener una coartada; y entrevisté a jefes policíacos. No había duda: Busquets era el asesino. Su entonces esposa, temerosa de que recupere su libertad antes de tiempo, lo delató en un video.
Busquets huyó a España (refugio de algunos pillos sobradamente conocidos en Coahuila), cuya nacionalidad posee. Tras años de búsqueda, las autoridades lo ubicaron a través de internet en un cibercafé de Gerona. Juan García Chapa, supervisor de la Policía Ministerial, se hizo pasar por niño y Busquets cayó en la trampa: en septiembre de 2004 fue arrestado y un año después extraditado
a México. La juez María Luisa Valencia lo sentenció a 20 años en diciembre de 2006. Busquets, como otros pedófilos, ha gozado de influencia; lo mismo en el gobierno de Rogelio Montemayor que en el de Enrique Martínez. Tanta, que después de haberse ampliado la condena a 40 años, un Tribunal Colegiado se la redujo a la pena original. El proceso se vició desde un principio. Una nueva irregularidad le abrió a Busquets la puerta para obtener libertad anticipada, luego de haber sido descalificado previamente para merecer ese beneficio. La juez Carlota Velázquez de Luna evitó el miércoles pasado que al dolor causado por el asesinato de Carlos Armando se sumara otra barbaridad: regresar a las calles a alguien a quien las pruebas científicas representan como un amenaza para la sociedad. La sentencia se pospuso para el 20 de septiembre. Un triunfo para Carlos Muñoz, padre de la víctima, y su familia, quien ha puesto de relieve la corrupción de la justicia en Coahuila y México.
