«”Soy la comandante Nestora Salgado, y sólo le llamó para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de cinco mil pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entregó a su hija”. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla de la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia».
El candidato del PRI José Antonio Meade leyó esa nota —”salida de un expediente”— en el segundo debate presidencial cuyos temas eran comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes. Meade presentó el caso como “una historia de armas y de impunidad” para reforzar la campaña de miedo contra López Obrador, quien ya lo rebasa por más de 30 puntos en la intención de voto (De las Heras Demotecnia, 19.06.18).
La postulación de Salgado, según Meade, es un anticipo de la amnistía de AMLO para los criminales. El abanderado priista afrontó con humildad franciscana la andanada por su diatriba contra la excomandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, en su cuenta de Twitter: “Ni me retracto ni ofezco disculpas. ¡Faltaba más! Por si fuera poco, le obsequian a la señora una senaduría plurinominal. (…) Yo estoy del lado de las víctimas y de la legalidad. Es tiempo de definiciones”.
Y las hubo: el Tribunal de Justicia de Guerrero, donde gobierna el PRI, reabrió cinco causas contra Salgado por secuestro, homicidio y robo. Sin embargo, el INE avaló la legalidad de su candidatura “hasta que no se demuestre lo contrario”. También ordenó retirar la transmisión del anuncio del PRI titulado “Delincuentes”, por contener “elementos aparentemente calumniosos”.
Salgado emigró a Estados Unidos en 1991 para escapar de la violencia familiar. Obtuvo la ciudadanía en Renton, Washington, frontera con Canadá. De regreso a Olinalá, se unió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias/ Policías Comunitarias, las cuales operan de acuerdo con los usos y costumbres indígenas reconocidos por la Constitución (artículo 102). En 2013 fue detenida bajo cargos de secuestro y delincuencia organizada. Durante su estancia en prisión, de casi tres años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno medidas cautelares para proteger la vida e integridad de la activista. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas la consideró presa política. En marzo de 2016, un juez la absolvió por falta de pruebas (Wikipedia).
Premio Nacional en Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo” 2014, Salgado presentó una demanda contra Meade por daño moral, el 26 de mayo, ante un juzgado de distrito en materia civil, la cual fue desestimada por ser competencia del fuero común. Si en México existiera seguridad y Estado de derecho, no habrían policías comunitarias, Nestoras ni autodefensas, como la de José Manuel Mireles, a las cuales el gobierno primero armó y luego traicionó. La administración del presidente Peña Nieto está rebasada por la corrupción, la impunidad y la violencia. La persecución contra Salgado y otros agentes políticos y sociales es un ardid para tratar de evitar lo que a estas alturas parece inevitable: la derrota del PRI el 1 de julio y su posterior extinción.
