Difícilmente el debate presidencial de este martes modificará las tendencias electorales. Menos cuando a las razones las suplanta el absurdo, a la realidad, el voluntarismo y a la compostura, el efectismo. Tampoco cuando el primer lugar aventaja al segundo por 26 puntos y al tercero por 33. Con el 52% de la preferencia efectiva, Andrés Manuel López Obrador (Juntos Haremos Historia) se siente y actúa como presidente, a pesar de su pésimo desempeño en los careos de abril y mayo. La intención de voto por Ricardo Anaya (Por México al Frente) es del 26% y la de José Antonio Meade (Todos por México) del 19%, según la última encuesta de Reforma (30-05-18).
La guerra sucia y algunas ideas novedosas contra la corrupción tampoco han incidido en el ánimo los electores. La declaración “siete de siete”, propuesta por Meade para detectar inconsistencias entre el patrimonio y el ingreso de políticos y funcionarios, fue pulverizada por Anaya con algunos de los escándalos más relevantes del sexenio: Odebrecht, el socavón del Paso Exprés en la autopista del Sol, la Estafa Maestra y los casos de los exgobernadores César Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y Javier Duarte (Chihuahua), los dos primeros en prisión y el tercero todavía prófugo. Faltó citar la Casa Blanca.
Como parte del bombardeo mediático contra AMLO, antes del encuentro en Tijuana se puso en duda su salud; y durante el cara a cara, Nestora Salgado, candidata de Morena a senadora plurinominal por Guerrero, recibió un golpe bajo. Meade la presentó como secuestradora y un peligro para el país. El candidato de Juntos Haremos Historia refutó el cuestionamiento sobre su estado físico en silencio: permaneció en pie las casi dos horas del debate e incluso bromeó. Salgado replicó en su cuenta de Twitter: “La difamación, es un delito. @JoseAMeadeK y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el PRI criminalicen a los luchadores sociales”.
La incultura para polemizar la explica en parte el monopolio político ejercido durante 70 años. Ernesto Zedillo (PRI), Diego Fernández de Cevallos (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) protagonizaron el primer debate, en mayo de 1994, año convulso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los careos entonces eran opcionales. La ley electoral (Cofipe) establecía: “El Instituto (Federal Electoral) a petición de los partidos políticos y los candidatos presidenciales que así lo decidan, organizará debates públicos y apoyará su difusión” (artículo 190, inciso 6).
El Seminario del Castillo de Chapultepec, clave para la reforma político electoral de 1996, planteó celebrar “debates públicos obligatorios entre candidatos”, prohibir
el uso de los colores y símbolos patrios por los partidos, despartidizar la obra pública y vedar la afiliación colectiva a los partidos. No todas las propuestas avanzaron e incluso algunas tardaron años en aplicarse. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), promulgada en 2014, establece: “El Consejo General (del INE, antes IFE) organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la presidencia de la república y promoverá, a través de los consejos locales distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales” (artículo 218).
Sin embargo, ese tipo de ejercicios, hasta ahora, ha resultado inútil, como seguramente lo será también el de mañana.
