La elección de 2017, en Coahuila, es cosa juzgada y su resultado irreversible. Cierto es que las decisiones de la justicia electoral no dejaron a todo el mundo satisfecho y que, como suele ocurrir en una elección cerrada y con alto registro de inconformidad y aún de conflictividad, hay un saldo de sensibilidad política que debe solventarse, por la vía de la limpieza que sólo la legalidad y la moralidad política pueden conseguir.
Para ser más claro en la importancia que el asunto tiene para Coahuila y su democracia. La elección de 2017 dejó dudas sobre la efectividad del sistema electoral que sólo pueden superarse reconstruyendo la credibilidad institucional, en este caso, de los órganos y las instancias judiciales de la materia electoral.
Quizás el último aspecto que de las elecciones del año pasado quedaba pendiente de resolver, era el relativo a la cuenta pública del Instituto Electoral de Coahuila, es decir, de las condiciones de los recursos empleados por el órgano local para su desempeño durante el ejercicio 2017 que necesariamente incluye lo relativo a las elecciones.
El pasado jueves, fue justo la credibilidad del Instituto Electoral lo que se puso en el tapete de las discusiones, cuando la consejera María de los Ángeles López Martínez evitó emitir un voto a favor o en contra de la Cuenta Pública que, en realidad, era un mero trámite.
En la sesión del pasado día 24, López Martínez señaló que había información que ella había solicitado y que obtuvo una respuesta parcial, por lo que evitaría participar en la aprobación contemplada en uno de los puntos de la agenda del día.
La lógica del argumento parece impecable. Siendo parte de un órgano colegiado, abstenerse de emitir su voto por carecer de información suficiente, parece deseable, ideal y sin lugar a dudas lo que esperarían los ciudadanos de todo servidor público, representante popular o agente del Estado en cuyo desempeño vaya de por medio el dinero público.
Sin embargo, la forma y los antecedentes juegan en contra de esa abstención. Y es que, a lo largo de 2017 se presentaron los avances de gestión financiera ante el consejo general y cada uno fue aprobado por mayoría, inclusive, con el voto de la consejera López Martínez. Si bien es cierto que fueron informes parciales, también lo es que lo sometido a votación el jueves, era la suma de dichos informes, es decir, el resultado consolidado.
La consejera no es improvisada y, si la memoria no me falla, se trata de la decana del órgano electoral, considerando que logró transitar la refundación institucional y que muy cerca estuvo de encabezarlo. De ahí que resulte raro –por decir lo menos– que entendiendo la necesidad de fortalecimiento institucional, haya semiimpugnado lo que a todas luces era un mero trámite. Y escribo semiimpugnado, porque no hubo más señalamiento que la falta de cierta información que, al parecer, es pública.
Cuando la consejera López Martínez anunció su abstención, el secretario ejecutivo, Francisco Javier Torres, la apercibió de que el reglamento impone la obligatoriedad del voto, conforme al Artículo 33. Esto es que puede votar a favor, en contra o de manera concurrente, pero sólo excusarse por supuestos como un conflicto de intereses.
¿Qué llevó a la consejera López Martínez a decidir su abstención, habiendo votado lo parcial a favor y a sabiendas de que incurría en una transgresión al reglamento?
Aventuro dos probabilidades: la consejera tiene una sospecha fundada de fraudulencia en el Instituto Electoral, o bien, se trata de una premeditada perversidad para dañar su credibilidad. En cualquier caso, le debe una explicación a la sociedad coahuilense.
